SANTO DOMINGO. – Especialistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y altos ejecutivos del sector asegurador nacional advirtieron que la República Dominicana enfrenta un riesgo sísmico de alta categoría debido al prolongado silencio de la Falla Septentrional, la cual acumula cerca de 80 años sin liberar energía a gran escala. Durante una sesión científica de urgencia, los expertos dictaminaron que el país requiere una reforma profunda en la supervisión de las obras civiles y una actualización de las estrategias de protección financiera para mitigar el impacto de un potencial terremoto catastrófico en el territorio nacional durante este 2026.
La advertencia fue formulada en el marco del panel “Construyendo un país más seguro y resiliente a través del conocimiento, la unidad y la prevención”, organizado por el INTEC con el patrocinio corporativo de MARSH y MAPFRE. El rector de la alta casa de estudios, el ingeniero Arturo Del Villar, inauguró el foro señalando que la prevención estructural no constituye un costo de construcción suplementario, sino la inversión pública y privada más noble para salvaguardar la vida humana y garantizar la continuidad del aparato productivo dominicano.
80 años de acumulación de energía en el norte del país
La doctora Claudia Germoso, especialista en ingeniería sísmica y docente del INTEC, fue categórica al equiparar la vulnerabilidad dominicana con el reciente doblete telúrico de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio. Germoso detalló que la Falla Septentrional, que recorre el norte de la nación desde Montecristi hasta Samaná, posee un período de recurrencia promedio de sismos de gran escala de unos 50 años. Dado que el último gran evento registrado en dicha falla ocurrió en 1946 —generando un devastador tsunami en Samaná—, la corteza terrestre acumula ocho décadas de presión geológica activa.
La sismóloga relievó además el peligro latente de estructuras submarinas como la Trinchera de los Muertos, cuyo trazo incide directamente sobre la vulnerabilidad del Gran Santo Domingo. A diferencia de la capital, que cuenta con cimientos de roca rígida que atenúan parcialmente las ondas, la ciudad de Santiago de los Caballeros y las provincias del Cibao presentan un riesgo crítico debido a que las características arcillosas de sus suelos amplifican las ondas sísmicas, elevando exponencialmente la probabilidad de colapso en edificaciones vulnerables.
Crisis de supervisión e informalidad en el sector construcción
Por su parte, el ingeniero Luis Abbott, especialista en ingeniería estructural con más de 40 años de trayectoria docente, sentenció que el verdadero peligro para la población radica en la deficiencia de las estructuras físicas y no en el fenómeno natural per se. Abbott censuró la tendencia del desarrollo inmobiliario local de priorizar los acabados estéticos por encima del esqueleto de las obras y la inclusión de muros de corte, señalando de forma drástica que el mercado de la construcción informal y la falta de fiscalización en sitio representan las principales amenazas.
«Las licencias y planos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no garantizan nada si no hay una fiscalización rigurosa y real durante el proceso de vaciado y ejecución en la obra; el edificio se comportará tal y como fue construido, no como aparece dibujado en el papel», advirtió el especialista. Ante este panorama, el INTEC ha desplegado una red de monitoreo de última generación con sismómetros y estaciones de banda ancha en la región norte, cuyos datos y mapas de amenaza se transfieren de manera abierta a la sociedad a través de la plataforma digital SismicidadRD.
El endurecimiento del mercado de reaseguro y el riesgo del subseguro
En el ámbito de la gestión de riesgos financieros, Laura Sosa Lamarche, vicepresidente senior de MARSH, y Pablo Daguzan, vicepresidente técnico de MAPFRE, alertaron sobre la necesidad de auditar las pólizas vigentes para evitar el fenómeno del subseguro. Sosa aclaró que la mayoría de los créditos hipotecarios bancarios en el país únicamente cubren el saldo insoluto de la deuda con el banco y no el valor real de reposición de la propiedad, recordando además que el deducible catastrófico en la República Dominicana se calcula sobre el 2 % de la suma total asegurada y no sobre el valor neto de la pérdida.
Finalmente, Daguzan explicó que el mercado de reaseguro global atraviesa una fase de endurecimiento tarifario debido a la siniestralidad climática internacional, lo que impacta directamente las operaciones locales. El ejecutivo recordó que la legislación dominicana obliga a las aseguradoras a reasegurar un mínimo del 10 % de sus valores expuestos por cada una de las cinco regiones del país. Ambos analistas concluyeron que la única vía técnica para abaratar las primas en el mercado local consiste en mejorar la calidad de los datos de ingeniería de las edificaciones dominicanas para reducir la incertidumbre ante los reaseguradores internacionales.
Discussion about this post