Durante décadas, América Latina ha debatido su futuro como si solo existieran dos caminos: la izquierda, asociada con la igualdad, la intervención estatal, y la derecha, vinculada con la empresa privada y el libre mercado. Sin embargo, la historia demuestra que ninguna ideología garantiza por sí sola desarrollo, justicia o bienestar. La diferencia está en la productividad, la calidad institucional, la distribución de las oportunidades y el respeto a las libertades.
Cuba y China, ambas gobernadas por partidos comunistas, que representan modelos económicos distintos han obtenido resultados diferentes. Cuba organizó su economía alrededor de la planificación centralizada, el predominio de las empresas estatales y severas limitaciones a la propiedad privada. Alcanzó avances importantes en alfabetización, salud y formación profesional, pero no logró construir una economía diversificada y suficientemente productiva.
La crisis cubana no tiene una causa única. El embargo estadounidense ha dificultado el comercio, el financiamiento y la inversión. No obstante, tampoco puede utilizarse para ocultar los problemas internos, tales como: burocracia, baja productividad, inseguridad para invertir, limitados incentivos laborales, dependencia de las importaciones, escasa autonomía empresarial y resistencia a apertura del sector privado. A esto se suma la desaparición de la ayuda soviética, la reducción del apoyo venezolano, la crisis energética, la caída del turismo y la emigración de una gran cantidad de su mano de obra cualificada.
Por su parte, China tomó otro camino. Desde 1978, con la influencia de Deng Xiaoping como uno de los principales líderes del partido comunista, quien abrió la economía a la inversión extranjera, la iniciativa privada, las exportaciones, la competencia y las zonas económicas especiales. China conservó el control político del Partido Comunista y una importante presencia estatal en los mercados internacionales, incorporando los mecanismos de mercados. Durante décadas creció a un promedio superior al 9 % anual y cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema, según el Banco Mundial.
Otro ejemplo importante lo tenemos en Vietnam, quien siguió una ruta semejante mediante las reformas Đổi Mới de 1986. Al permitir mayor actividad privada y abrirse al comercio internacional, pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a una economía de ingreso medio. Laos también adoptó reformas orientadas al mercado, aunque con resultados más modestos. En cambio, Corea del Norte, aferrada a una economía rígidamente centralizada y aislada, continúa padeciendo pobreza y escasez.
Estos ejemplos revelan una realidad: los países gobernados por partidos comunistas que han generado mayor riqueza lo consiguieron incorporando inversión privada, comercio e incentivos económicos. No abandonaron el control político, pero modificaron sustancialmente su organización productiva.
Venezuela constituye otra realidad. Sus enormes ingresos petroleros permitieron financiar programas sociales, pero la dependencia del petróleo, los controles económicos, la expropiación, la corrupción, la pérdida de capacidad productiva y el debilitamiento institucional terminaron provocando una crisis devastadora. El Estado puede distribuir durante algún tiempo ciertos beneficios sociales, pero ninguna sociedad puede repartir sosteniblemente una riqueza que no produce.
En el extremo contrario aparece el “capitalismo salvaje”: un modelo capaz de generar riquezas, innovación y empleos, pero que, sin regulaciones ni responsabilidad social, concentra los recursos y reduce la libertad a una promesa insatisfecha. Millones de personas trabajan, pero no pueden adquirir una vivienda, construir patrimonio ni asegurar el futuro de sus hijos.
Chile experimentó décadas de crecimiento mediante una economía abierta, aunque la desigualdad, las pensiones y el costo de los servicios provocaron un profundo malestar social. Uruguay y Costa Rica, por su parte, muestran que es posible combinar empresa privada, democracia, protección social y servicios públicos. Tampoco son modelos perfectos, pero demuestran que el mercado y el Estado no tienen que ser enemigos.
A comienzos del siglo XXI, América Latina vivió la denominada “marea rosa”. Chávez, Lula, los Kirchners, Morales y Correa llegaron al poder prometiendo inclusión social y mayor participación estatal. Algunos redujeron la pobreza y ampliaron derechos civiles, pero otros desarrollaron prácticas personalistas, debilitaron los controles institucionales e hicieron depender sus economías de los elevados precios de las materias primas.
Posteriormente surgió otra generación de gobiernos de izquierda, pero el bajo crecimiento, la inflación, la inseguridad y el desencanto produjeron un nuevo movimiento del péndulo. En los últimos años avanzaron gobiernos conservadores o de centroderecha. No todos pertenecen a la extrema derecha, pero sí comparten discursos más severos sobre criminalidad, migración, reducción del Estado y recuperación del orden.
¿Por qué ocurre este giro? En primer lugar, por el voto de castigo. América Latina no siempre vota por convicción, sino por agotamiento. En segundo lugar, por la inseguridad. Para quien teme salir de su casa, la promesa de orden pesa más que cualquier discusión ideológica. También influyen la inflación, el empleo informal, la corrupción, la crisis migratoria, las redes sociales y el impacto de figuras como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele.
Sin embargo, exigir seguridad o defender la empresa privada no convierte automáticamente a un gobernante en extremista. La extrema derecha aparece cuando se combinan nacionalismo radical, intolerancia, concentración del poder y desprecio por los contrapesos democráticos.
América Latina no debe escoger entre la escasez administrada por un Estado omnipotente y la desigualdad producida por un mercado sin límites. Necesita instituciones confiables, productividad, inversión, protección social y democracia. La riqueza sin justicia divide a las masas, pero la justicia sin productividad termina distribuyendo pobreza extrema.
Discussion about this post