SANTO DOMINGO. – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, presentó el “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana”, una investigación científica que analiza las deficiencias institucionales, los impactos socioemocionales y la falta de coordinación estatal en el abordaje de las ausencias no explicadas. El acto, celebrado en el auditorio del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), congregó a autoridades académicas, representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional y colectivos de familiares de personas desaparecidas.
El estudio combina análisis comparado de legislación, trabajo de campo y una encuesta aplicada a 74 familias afectadas, evidenciando trabas burocráticas al momento de formalizar las denuncias, insuficiencia en el acompañamiento psicológico y una carga operativa que recae desproporcionadamente sobre las mujeres.
Fortalecimiento de la Ley 25-26 y el sistema «Alertas RD»
En su intervención, Pablo Ulloa catalogó las desapariciones como una crisis multidimensional de derechos fundamentales que compromete la vida, la integridad física y la seguridad personal. Si bien valoró como un avance trascendental la promulgación de la Ley núm. 25-26, que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas («Alertas RD»), advirtió que la activación de los avisos públicos representa solo la fase inicial del protocolo de localización.
El titular del órgano constitucional subrayó la urgencia de establecer unidades forenses interconectadas, plataformas tecnológicas de intercambio de datos en tiempo real y protocolos de búsqueda activa que no se detengan cuando disminuya la cobertura en los medios de comunicación.
«Detrás de cada registro existe una vida; detrás de cada expediente, una familia; y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga. Un Estado que funciona no abandona a las personas cuando las cámaras se retiran», enfatizó el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
Las familias no deben asumir el rol de investigación
El diagnóstico recalca que, aunque los parientes tienen el derecho de aportar información relevante, la responsabilidad técnica de la búsqueda pertenece de forma indelegable al Estado dominicano. Ulloa aclaró que el rol de la entidad que encabeza no sustituye las competencias de la Policía Nacional ni del Ministerio de Interior y Policía, sino que vigila la eficiencia del poder público y promueve las reformas requeridas.
La presentación contó con las ponencias de la decana de Ciencias Sociales de INTEC, Dalul Ordehi González; el investigador principal del proyecto, Gustavo Alejandro Oliva Álvarez; la presidenta de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos, Evelyn Abreu; la diputada Liz Mieses, y la coordinadora interinstitucional de Alertas RD, Indiana Castillo.
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