SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE.— La procuradora fiscal titular de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, destacó que los habitantes de la provincia mantienen una firme defensa de sus derechos y un profundo arraigo al valor de la vida, características que, desde su experiencia de 16 años en el Ministerio Público, explican el impacto de los homicidios en las comunidades y la intensidad de sus reclamos de justicia.
Durante una entrevista con Jordi Veras, en el programa Encuentro con Jordi, la magistrada vinculó esa respuesta ciudadana con la necesidad de ejercer una función pública cercana, capaz de escuchar las demandas de la población y trabajar con ella en la prevención de la violencia.
“Somos una provincia que reclama sus derechos”, expresó Rodríguez. Al describir la reacción de los duartianos ante las muertes violentas, señaló que existe “un valor arraigado al bien jurídico de la vida”.
Explicó que los hechos que provocan la pérdida de vidas figuran entre los que más afectan a los ciudadanos de la provincia Duarte. Esa sensibilidad, sostuvo, amplía el reclamo social y exige mantener una comunicación directa entre las autoridades y las comunidades.
Una responsabilidad con su provincia natal
Rodríguez afirmó que dirigir la Fiscalía en su lugar de origen representa un compromiso institucional, profesional y personal. Se trata, explicó, de servir a la misma provincia donde nació y de responder a una ciudadanía cuyas demandas conoce.
Su trayectoria en el Ministerio Público comenzó en 2010. En 2018, obtuvo la titularidad de la Fiscalía de Duarte mediante concurso público de oposición, después de haber ingresado también por concurso a la carrera.
Expresó que su interés por el derecho nació de la influencia de su madre, abogada Edita Mercedes Rodríguez, a quien acompañaba desde pequeña la acompañaba en actividades sociales y relacionadas con la defensa de derechos, experiencias que despertaron su interés por el servicio.
Cursó su formación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el entonces Centro Universitario Regional del Nordeste —CURNE—, y trabajó en el ámbito judicial antes de incorporarse al Ministerio Público.
Las cifras muestran un cambio en la violencia
Al repasar su gestión, Rodríguez explicó que en 2018 su equipo realizó un levantamiento de los homicidios registrados desde 2010, para identificar motivos, edades, localidades y circunstancias de los hechos.
Según las cifras que expuso, la provincia presentaba en 2018 una tasa de 23 homicidios por cada 100,000 habitantes. De ese indicador, aproximadamente 15 correspondían a hechos vinculados con la criminalidad, incluidos enfrentamientos entre bandas relacionadas con la venta de sustancias controladas.
La fiscal atribuyó la reducción posterior a las acciones de persecución penal y al trabajo comunitario, reforzado con la participación del Ministerio de Interior y Policía desde 2021.
En la actualidad situó la tasa en 7.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Señaló que desde 2022 observaron una mayor incidencia de los conflictos sociales en los homicidios, lo que llevó a fortalecer los encuentros con juntas de vecinos, iglesias, grupos de mujeres y otras organizaciones.
Del reclamo ciudadano a la prevención
Para Rodríguez, la participación comunitaria permite que las demandas de justicia también se traduzcan en acciones preventivas. Destacó que los líderes de los sectores colaboran al comunicar situaciones de riesgo y facilitar el contacto con las autoridades.
Advirtió que algunas familias normalizan conductas y formas de relacionarse que pueden ser identificadas por personas de su entorno. Por ello, consideró necesario alertar a tiempo y promover el diálogo y los acuerdos como vías para resolver diferencias.
Ante ese panorama, planteó una política de atención a las familias que incorpore psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, con seguimiento a las situaciones de riesgo.
Escuchar a las víctimas forma parte del servicio
Al valorar sus 16 años de ejercicio, Rodríguez destacó el contacto que mantiene con víctimas y familiares, incluso después de transcurridos años desde los procesos. Señaló que esos vínculos y la posibilidad de contribuir a sus vidas constituyen algunas de las experiencias más significativas de su carrera.
La fiscal sostuvo que la humildad, la responsabilidad, la empatía y la vocación de servicio deben orientar el trabajo del Ministerio Público. En una provincia que exige respuestas, afirmó, la función demanda cercanía con la ciudadanía y comprensión de las consecuencias humanas de cada caso.
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