SANTO DOMINGO. – El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reclamó que la investigación penal iniciada por el Ministerio Público en el expediente denominado SeNaSa 2.0 profundice las pesquisas para procesar a quienes la evidencia identifique como organizadores, facilitadores y beneficiarios finales de las presuntas irregularidades financieras cometidas contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El titular del órgano constitucional enfatizó que la persecución anticorrupción debe rastrear los flujos de capitales y determinar las responsabilidades en todos los estamentos de la administración pública y del sector privado, independientemente de la jerarquía o el poder económico de los involucrados.
El pronunciamiento se produce en el marco de las acciones judiciales iniciadas durante el período 2025-2026 por los órganos de persecución penal, dirigidas a desarticular redes de presunta estafa y desfalco al erario institucional.
Garantías constitucionales y tutela judicial efectiva
Durante sus declaraciones, Ulloa recordó la obligatoriedad de tutelar los derechos fundamentales consagrados en el artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana, el cual establece el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la intervención de tribunales independientes e imparciales. El funcionario advirtió que la firmeza institucional de la justicia se sostiene en la legalidad con la que sean obtenidas y presentadas las pruebas procesales.
En relación a la imposición de medidas de coerción a los imputados del caso, el titular de la institución garante de derechos puntualizó que las restricciones cautelares deben ser proporcionales, excepcionales y fundadas en riesgos procesales acreditados.
«Esto es una ravisa; el pueblo exige conocer a los verdaderos responsables. Hay que seguir la ruta del dinero y esclarecer quiénes decidieron, autorizaron y se beneficiaron del desfalco. Ninguna posición económica o cargo político puede convertirse en un blindaje frente a la ley», aseveró el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
Investigación financiera y protección a los afiliados
El organismo instó a la procuraduría especializada a profundizar el rastreo patrimonial para lograr la restitución de los fondos sustraídos al sistema de seguridad social. Asimismo, Ulloa formuló un llamado a las autoridades del sector salud para asegurar la operatividad ininterrumpida de los servicios de cobertura médica dirigidos a los afiliados de la aseguradora estatal.
El Defensor del Pueblo concluyó que la protección de los recursos de la salud pública constituye una obligación prioritaria para el Estado dominicano, reafirmando que el combate a la corrupción debe ejecutarse con estricto apego a las garantías constitucionales.
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