Aunque el artículo número 37 de la Constitución Dominicana establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, siguen y siguen los muertos en los llamados intercambios de disparos con la Policía.
El último correspondió al joven Junior Alfonso Tineo, alias La Changa, hecho ocurrido en la población de Castillo, donde oficiales del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) había montado un operativo anti delincuencial.
La Changa, quien alegadamente tenía su radio de acción delictiva en el ensanche San Martín, fue ubicado en el citado municipio y presuntamente allí portando una pistola enfrentó a los agentes policiales.
Aunque desde las alturas de la Comisión Nacional de los Derechos se habla que con matar delincuentes no se recupera la paz y la tranquilidad ciudadana, familiares de quienes han sido enviados al otro mundo por “antisociales” que se habían convertido en batuta y Constitución en las calles, creen lo contrario y entienden que algo había que hacer.
Ahora bien, si la Policía Nacional anda con tanta endereza en la búsqueda de quienes carga a espalda crímenes, atracos y otros hechos delictivos, debieran hacer lo mismo con quienes en el pasado reciente desfalcaron las arcas del Estado, llevándose en sus uñas 2 mil y hasta 3 mil millones de pesos.
Hemos planteado y seguiremos planteando que se mida con la misma vara a esos “delincuentes” de sacos y corbatas, que también hay en este gobierno.
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