La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, celebrada el 25 de octubre de 2026, dejó una interrogante que trasciende la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, ¿cómo explicar que las principales encuestas publicadas en vísperas de las elecciones colocaran numéricamente por delante al candidato que terminó derrotado?
La pregunta no es secundaria. Las encuestas constituyen instrumentos científicos para estudiar el comportamiento de las poblaciones. Sin embargo, cuando sus resultados se difunden masivamente, también pueden convertirse en elementos capaces de influir sobre las percepciones y expectativas de los electores.
Un día antes de las elecciones, Datafolha y Quaest otorgaban a Bolsonaro el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula. AtlasIntel presentaba una relación de 50,8% contra 49,2%, mientras Nexus, en una investigación contratada por BTG Pactual, estimaba 50,5% contra 49,5%. Todas mostraban ventajas numéricas para Bolsonaro, aunque dentro de sus respectivos márgenes de error.
No obstante, las urnas produjeron un resultado diferente. Según el Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, mientras Bolsonaro alcanzó el 48,21%. Una diferencia de 3,58 puntos porcentuales a favor del presidente reelecto.
Desde el análisis estadístico, resulta interesante observar que Datafolha y Quaest presentaron una diferencia favorable a Bolsonaro de dos puntos porcentuales, cuando la diferencia observada terminó siendo de 3,58 puntos a favor de Lula. Esto representa una discrepancia de 5,58 puntos porcentuales en la estimación de la ventaja entre candidatos.
¿Cómo se explica que diferentes instituciones, utilizando procedimientos de investigación distintos, coincidieran en subestimar el voto de Lula?
Una primera explicación podría encontrarse en los errores muestrales. Toda encuesta trabaja con una parte de la población, por tanto, está sometida a incertidumbre estadística. Sin embargo, el margen de error no debe convertirse en una justificación automática para cualquier discrepancia. La calidad de una investigación depende también de la selección de los participantes, la cobertura, las ponderaciones, la formulación de las preguntas y el tratamiento de quienes no responden.
Otra explicación posible está relacionada con los sesgos de representación. Los electores que aceptan responder una encuesta no necesariamente poseen las mismas características de quienes se niegan a participar. Cuando esas diferencias están asociadas con las preferencias políticas, las estimaciones pueden alejarse sistemáticamente de la realidad.
También debemos considerar la participación electoral. Una encuesta mide intenciones declaradas, pero el resultado depende de quienes finalmente acuden a votar. En Brasil, la abstención de la segunda vuelta fue aproximadamente del 19,2%, inferior al 21,08% registrado en la primera. Esa diferencia obliga a examinar si los modelos utilizados por los institutos estimaron correctamente la composición del electorado que participaría.
Pero hay otra dimensión que no debemos ignorar, el origen del financiamiento de las encuestas y los intereses económicos presentes en una contienda electoral.
Entre los contratantes y participantes en la difusión de las investigaciones encontramos grandes conglomerados de comunicación, como Globo y Folha; una institución financiera, BTG Pactual; una organización empresarial del transporte, la CNT; y una empresa estadounidense especializada en información financiera, Bloomberg, vinculada a la publicación de investigaciones de AtlasIntel.
Estas relaciones no demuestran manipulación. Sería metodológicamente incorrecto atribuir intenciones fraudulentas únicamente por la identidad de los financiadores. Sin embargo, tampoco sería razonable excluir de una investigación las relaciones entre poder económico, producción de información y competencia política.
Los gobiernos toman decisiones sobre impuestos, inversiones, regulación financiera, infraestructura, relaciones comerciales y participación estatal en la economía. Esas decisiones pueden beneficiar o afectar de manera diferente a los grupos empresariales. Por consiguiente, conocer quién financia una encuesta constituye una exigencia de transparencia, no una acusación anticipada.
La cuestión adquiere mayor importancia cuando examinamos el tratamiento comunicacional de los resultados. Una encuesta que presenta 51% frente a 49%, con un margen de error de dos puntos porcentuales, no autoriza a proclamar una victoria segura. Se trata de una estimación compatible con distintos resultados electorales.
No es lo mismo informar que un candidato aparece numéricamente por delante que transmitir la percepción de que su triunfo resulta inevitable.
La literatura sobre comportamiento electoral ha estudiado el denominado efecto bandwagon, mediante el cual algunos ciudadanos pueden inclinarse hacia quien perciben como ganador. También existe el efecto underdog, que describe la movilización favorable a quien aparece en desventaja. La magnitud y dirección de estos fenómenos varían, por lo que no podemos afirmar que determinaran el resultado brasileño.
Sin embargo, su existencia como objeto de investigación permite formular una interrogante legítima: ¿pudo la difusión reiterada de encuestas favorables numéricamente a Bolsonaro contribuir a construir una percepción electoral que finalmente no correspondió con las urnas?
Responder exige mucho más que comparar porcentajes. Necesitamos examinar las bases de datos, los diseños muestrales, los procedimientos de ponderación, las estimaciones de participación, los contratos de financiamiento y la manera en que los medios presentaron las investigaciones.
También sería necesario estudiar si los errores compartieron causas metodológicas comunes o si existieron irregularidades deliberadas. Una coincidencia entre estimaciones equivocadas constituye un motivo de investigación, pero no demuestra por sí misma una conspiración.
Lo sucedido en Brasil debe servirnos para reflexionar sobre la responsabilidad científica y social de quienes producen y divulgan estadísticas.
Las encuestas no son instrumentos infalibles ni sustituyen la voluntad popular. Son aproximaciones sujetas a condiciones metodológicas que deben explicarse con transparencia.
Cuando varias investigaciones coinciden en presentar una ventaja que las urnas terminan contradiciendo, corresponde revisar sus procedimientos, reconocer sus limitaciones y rendir cuentas ante la sociedad.
La gran interrogante no es solamente por qué se equivocaron las encuestas brasileñas, sino si sus errores respondieron a limitaciones estadísticas, sesgos sistemáticos o decisiones que todavía necesitan investigarse.
Porque la Estadística debe servir para comprender la realidad, no para construir una realidad conveniente a determinados intereses.
Fuentes de referencia:
Tribunal Superior Electoral de Brasil, resultados oficiales del 26 de octubre de 2026; UOL, recopilación de encuestas del 24 de octubre; CNN Brasil, metodología de AtlasIntel; y cobertura de Gazeta do Povo sobre las mediciones finales._
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