El pasado 12 de octubre, en un artículo titulado «La reforma pendiente de la Suprema Corte de Justicia», publicado en nuestra página web y en el periódico El Jaya, planteamos la necesidad de reservar la integración del máximo tribunal ordinario a los jueces de carrera, mediante una reforma constitucional que elimine la cuota del 25 % destinada a profesionales ajenos a la judicatura.
Sostuvimos entonces que, mientras llegaba esa reforma, el Consejo Nacional de la Magistratura tenía una oportunidad extraordinaria de comenzar a materializarla: designar como presidente de la Suprema Corte de Justicia a un magistrado proveniente de la carrera judicial.
Hoy recibimos con satisfacción las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Luis Abinader, que designó al magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia y escogió a cinco jueces de carrera entre los seis nuevos integrantes de ese tribunal.
Estas designaciones constituyen un importante reconocimiento a la trayectoria, la experiencia y la profesionalización de la judicatura dominicana. Pero, sobre todo, representan un paso significativo hacia la consolidación de una justicia cuya máxima expresión institucional sea el resultado natural de la carrera judicial.
Merece especial reconocimiento el presidente Luis Abinader, quien, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, ha respaldado una decisión que privilegia la trayectoria judicial por encima de las tradicionales consideraciones de afinidad política que históricamente han rodeado la escogencia de los presidentes de nuestras altas cortes.
Con esta decisión, el presidente de la República envía una señal positiva de respeto a la institucionalidad y a la independencia del Poder Judicial, que merece ser reconocida independientemente de las simpatías políticas.
Nos satisface comprobar que la propuesta que formulamos públicamente hace apenas unas semanas encuentra hoy una expresión concreta en estas designaciones.
Sin embargo, reiteramos que el paso definitivo debe ser la reforma del artículo 180 de la Constitución, para establecer que la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia provenga de la carrera judicial.
La independencia judicial no debe depender de la buena voluntad de un gobernante, sino descansar sobre instituciones sólidas y reglas constitucionales permanentes.
Hoy corresponde reconocer una decisión acertada. Mañana debemos continuar trabajando para que ese criterio se convierta en una garantía constitucional.
El autor es abogado y ex juez
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