SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Un grupo de personas afectadas por el caso financiero de Munné, S.R.L. realizó este martes una nueva protesta frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, para exigir que se completen los pagos de sus ahorros y reclamar respuestas judiciales a las querellas interpuestas contra los señalados como responsables del conflicto, iniciado en 2019.
Los manifestantes denunciaron que, después de más de siete años de reclamaciones, todavía no han logrado recuperar la totalidad de sus recursos y cuestionaron la falta de resultados de las gestiones realizadas ante las autoridades judiciales.
Durante el piquete solicitaron a la fiscal titular de la provincia Duarte, Smarly Rodríguez, que dé seguimiento a las denuncias y querellas presentadas por los afectados.
Uno de los participantes aseguró que han depositado más de 300 querellas sin obtener las respuestas esperadas y denunció que la situación ha provocado graves perjuicios económicos y familiares.
Los reclamantes afirmaron que únicamente han recuperado alrededor del 24 % de sus ahorros, porcentaje que corresponde al primer desembolso anunciado por el conciliador del proceso de reestructuración en diciembre de 2022.
Sin embargo, el acuerdo aprobado entre la empresa y los representantes de los acreedores contemplaba el pago del 42 % de las acreencias reconocidas.
Eliseo Cruz cuestiona demora en solución del conflicto
Eliseo Cruz, uno de los afectados, expresó su inconformidad con el desarrollo del proceso y sostuvo que las autoridades judiciales no han ofrecido una solución definitiva a los depositantes.
«Estamos aquí después de seis años luchando todavía, porque hemos visto que las autoridades nos han dado la espalda y la justicia por igual», manifestó Cruz.
El reclamante cuestionó que las denuncias relacionadas con las operaciones de la sucursal de San Francisco de Macorís no hayan recibido, a su juicio, el tratamiento judicial correspondiente.
Asimismo, afirmó que los afectados han recibido numerosas ofertas y promesas de pago, mientras continúan esperando la recuperación de sus recursos.
Cruz sostuvo que el conflicto también ha perjudicado la economía local, debido a que los depósitos mantenidos en la compañía representaban ahorros de comerciantes, profesionales, trabajadores y familias de la ciudad.
Según sus estimaciones, la empresa pagaba alrededor de 30 millones de pesos mensuales en intereses a los depositantes, recursos que contribuían a dinamizar las actividades económicas del municipio.
«La compañía Munné sigue enriqueciéndose cada día más con los recursos de nosotros, del pueblo francomacorisano, que trabajó duramente para ahorrar sus centavos», declaró.
Deuda reconocida superaba los RD$3,013 millones
El caso Munné se remonta a julio de 2019, cuando la empresa se acogió a un proceso de reestructuración mercantil para enfrentar sus compromisos financieros.
Mediante una resolución del 11 de agosto de 2020, la Décima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional aprobó la lista definitiva de acreedores presentada por el conciliador José Enrique Pérez Germán.
El documento estableció acreencias por RD$3,013,738,384.85, correspondientes a 2,709 acreedores.
De ese total, 2,200 acreedores registrados por el conciliador reclamaban RD$2,947,205,388.59, mientras otros 509 reconocidos por la empresa acumulaban acreencias por RD$66,532,996.26.
La empresa sostuvo entonces que había sido víctima de un fraude financiero en su sucursal de San Francisco de Macorís y presentó acciones judiciales contra el exgerente Luis Francisco Espinal Hernández y el excajero Francisco Manuel Matrillé.
Acuerdo contemplaba pagar el 42 % de las acreencias
En diciembre de 2022, el conciliador José Enrique Pérez Germán informó que la empresa comenzaría a realizar un primer pago equivalente al 24 % de las acreencias, como parte de un acuerdo de reestructuración que establecía el pago del 42 %.
Según explicó entonces a EL JAYA, el acuerdo recibió el respaldo de ocho de los nueve representantes de los acreedores con derecho a voto.
El conciliador indicó que los desembolsos se efectuarían mediante transferencias bancarias o cheques de administración a los acreedores que completaran los formularios correspondientes.
Posteriormente, en noviembre de 2025, el equipo responsable de la conciliación anunció una nueva jornada de entrega de cheques, correspondiente al segundo pago del proceso.
La convocatoria fue fijada para el 26 de noviembre de ese año, en el Salón de Reuniones de la Ciudad Agropecuaria de San Francisco de Macorís.
En esa ocasión, Pérez Germán informó que también recibirían solicitudes de unos 300 acreedores que todavía no habían completado los trámites necesarios para reclamar sus pagos.
Pese a estos anuncios, los manifestantes sostienen que los desembolsos realizados no han satisfecho sus reclamaciones y exigen que se establezca con claridad cuánto dinero se ha pagado y qué cantidad permanece pendiente.
Reclaman justicia y advierten que seguirán protestando
Durante la manifestación, los afectados también denunciaron las consecuencias económicas, familiares y emocionales que atribuyen a la prolongación del conflicto.
Uno de los participantes aseguró que más de 20 personas vinculadas a las reclamaciones han fallecido durante los años transcurridos, aunque no presentó documentación que permita establecer una relación directa entre esos fallecimientos y las pérdidas económicas.
Los reclamantes reiteraron que continuarán realizando manifestaciones hasta lograr la devolución de sus recursos y obtener respuestas de las autoridades judiciales.
«Vamos a seguir luchando. No importa cuánto tiempo tengamos que durar, pero vamos a seguir en pie de lucha hasta recuperar nuestro dinero», afirmó Eliseo Cruz.
Los manifestantes insistieron en que el proceso de reestructuración y los pagos parciales anunciados no significan que el conflicto haya quedado resuelto, por lo que solicitaron a las autoridades competentes esclarecer el estado de las reclamaciones y garantizar el cumplimiento de los compromisos pendientes.











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