Durante los últimos años, la República Dominicana ha experimentado una significativa expansión del comercio de capital chino, evidenciada en el establecimiento de grandes plazas comerciales en diferentes localidades del país. Este fenómeno representa una dinámica económica que merece ser ponderada desde sus implicaciones sociales, comerciales, jurídicas y geopolíticas.
Las inversiones chinas han contribuido a diversificar la oferta de productos, ampliar las posibilidades de consumo de la población, generar empleos, dinamizar el mercado inmobiliario y producir ingresos fiscales. Asimismo, constituyen una expresión de confianza en la estabilidad económica dominicana por parte de ciudadanos extranjeros que han decidido arriesgar sus capitales en nuestro territorio.
Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses invitan a reflexionar sobre el tratamiento que determinadas instituciones gubernamentales están dispensando a estos inversionistas.
La sucesión de inspecciones, clausuras y, más recientemente, la demolición de parte de una infraestructura comercial de capital chino en Santo Domingo plantea interrogantes que trascienden las alegadas violaciones de las disposiciones legales.
¿Estamos frente a una política ordinaria de fiscalización o ante una actuación selectiva del poder?
Resulta oportuno precisar que ningún inversionista, independientemente de su nacionalidad, debe estar exento del cumplimiento de las leyes dominicanas. La evasión fiscal, las violaciones laborales, la competencia desleal y el incumplimiento de las normas de construcción deben ser sancionados. Sin embargo, la legitimidad de una sanción no descansa exclusivamente en la existencia de una infracción, sino también en la observancia de los procedimientos establecidos para corregirla o penalizarla.
En el ámbito laboral, por ejemplo, constituye una práctica administrativa el levantamiento de actas de apercibimiento mediante las cuales se notifican irregularidades y se procura su corrección. Salvo circunstancias que justifiquen legalmente una intervención inmediata, la fiscalización debe procurar la regularización de las actividades empresariales, no necesariamente su paralización.
En tal sentido, corresponde preguntarnos si en cada uno de los establecimientos clausurados se agotaron los procedimientos pertinentes, si fueron debidamente notificadas las irregularidades y si las medidas adoptadas guardan proporcionalidad con las faltas detectadas.
A este panorama se suman los cuestionamientos sobre las actuaciones de algunos alcaldes, quienes, amparados en las atribuciones que les confiere la autonomía municipal, estarían disponiendo multas y cierres de establecimientos comerciales bajo criterios cuya legalidad y proporcionalidad merecen ser examinadas.
La autonomía municipal no constituye una prerrogativa para ejercer el poder de manera arbitraria. La Ley 176-07 establece límites y procedimientos que las autoridades edilicias están obligadas a observar y cumplir, por lo tanto, no deben situar la voluntad por encima del ordenamiento jurídico ni convertir la potestad fiscalizadora en un instrumento de coerción económica, eso es competencia del juez.
El cierre de un establecimiento comercial no afecta exclusivamente a sus propietarios. Sus consecuencias se extienden a trabajadores dominicanos, proveedores, arrendadores y familias que dependen económicamente de esas operaciones.
La eventual responsabilidad del inversionista no debería eximir de cuestionamientos a las instituciones públicas.
Subyace, además, una dimensión geopolítica que sería ingenuo soslayar. El estrecho alineamiento de la administración dominicana con Estados Unidos, en un escenario internacional caracterizado por la creciente rivalidad económica entre Washington y Pekín, suscita interrogantes sobre la autonomía de nuestras decisiones comerciales.
Si bien no existen elementos concluyentes para afirmar que las actuaciones gubernamentales respondan a presiones extranjeras, tampoco resulta impertinente examinar esa posibilidad.
La República Dominicana debe preservar sus relaciones históricas con Estados Unidos, sin que ello implique renunciar a las oportunidades económicas que representan sus vínculos con China. Nuestra política exterior debe responder primordialmente a los intereses nacionales y no a las confrontaciones estratégicas de las grandes potencias.
Tampoco podemos desconocer las preocupaciones del empresariado dominicano respecto a una eventual competencia desigual. Pero la respuesta institucional debe orientarse a garantizar condiciones equitativas para todos, no a estigmatizar colectivamente a los inversionistas por su procedencia.
Un Estado verdaderamente democrático no demuestra su fortaleza mediante la severidad selectiva de sus actuaciones, sino a través de la aplicación imparcial, razonable y proporcional de sus leyes.
La seguridad jurídica constituye uno de los pilares fundamentales de la inversión extranjera. Cuando esta se debilita, no solo se comprometen los capitales de quienes hoy son objeto de cuestionamientos, sino también la confianza de quienes mañana podrían considerar invertir en nuestro país.
La República Dominicana necesita inversiones, empleos y competitividad, pero, sobre todo, necesita instituciones capaces de ejercer su autoridad sin arbitrariedades, sin dejar de reconocer que el Estado dominicano esta obligado a fiscalizar, orientar y sancionar cuando sea necesario.











Discussion about this post