El sistema carcelario de nuestro país, al convertirse sede de funcionarios, políticos y empresarios acusados de ser sobornados por la Odebrecht, a quienes el magistrado juez, doctor Francisco Ortega Polanco, dictó prisión preventiva como medidas de coerción, ha quedado al desnudo el privilegio del cual gozan quienes visten status político y económico.
La Cárcel de Najayo, donde fueron enviados el destituido Ministro de Industria y Comercio, licenciado Temístocles Montás y el empresario Ángel Rondón, hoy viste sus mejores galas y para que verdaderamente fuera nombrado un Resort 5 Estrellas, solo faltó que por arte de magia o en un tiempo récord, les construyeran una piscina.
Estos privilegios, cuyos costos provienen de las arcas del Estado Dominicano, han irritado a grupos sociales y la Iglesia Católica, que desde distintos escenarios han condenado de manera rabiosa a quienes dirigen el sistema carcelario nacional.
El último en hacerlo correspondió al Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Osorio, quien advirtió que permitir privilegios en las cárceles a los imputados por sobornos en el caso de la Odebrecht, dañaría el reconocimiento logrado por el nuevo modelo penitenciario de la República.
Hay que abogar y exigir con el mismo derecho que nos da la Constitución y las leyes, que “exista igualdad entre todos los internos y que no deben replicarse en las cárceles las desigualdades que han afectado a la sociedad dominicana”.
Es tiempo que se ponga un corte a esos privilegios que gozan en el sistema carcelario reconocidos narcotraficantes y quienes roban millones de pesos al sector público y privado, porque ante la presencia de Dios, todos somos iguales y debemos ser medidos con la misma balanza de la justicia.
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