El Capítulo III, artículo 93 de la Constitución de la República establece literalmente: “que los senadores y diputados son elegidos para legislar y fiscalizar en representación del pueblo”, y para ello, en el año 2017 cada diputado le costará al contribuyente dominicano, nada más y nada menos, que veintiún millones doscientos mil pesos, y de manera similar, nuestro flamante senador, al igual que sus homólogos, nos costará sesenta y cuatro millones novecientos mil pesos.
Lo anterior, nos lleva a inferir que la “envidiable” representación legislativa de la provincia Duarte, devorará la apetecible suma de ciento noventa y dos millones de pesos para poder “cumplir” con sus obligaciones constitucionales en este 2017.
No hay dudas, que pasaron con notas altas la tarea de convertir en Ley la asignación de los recursos en obras de capital, tal cual fue sometido por el Poder Ejecutivo. Aprobaron una inversión pública, para la provincia, de mil seiscientos noventa y un millones treinta y cinco mil novecientos treinta y dos pesos, representando el 1.73% del presupuesto total del Estado para los gastos de capital en el 2017. Esta partida estuvo liderada por obras, que por décadas, los ciudadanos y ciudadanas de esta región han luchado a sangre y fuego para ver su consecución. La construcción del Hospital Regional de la Provincia Duarte con un presupuesto de RD$600 millones, la construcción de la Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, con RD$552 millones, el Mejoramiento de la infraestructura vial de la provincia por RD$115 millones, que incluye la reconstrucción de la carretera La Yaguiza- Los Zancones-Los Cacaos-SFM, la ampliación y remodelación de 29 planteles escolares por RD$123 millones, la construcción de 8 planteles escolares y 4 estancias infantiles por RD$70 millones, la terminación de planteles escolares ya iniciados en el 2016 por monto de RD$110 millones, entre otras obras. Muchos alzamos la voz, exclamando que nuestros legisladores actuaron como “sellos gomígrafos” sin hacer el menor esfuerzo posible por incluir dentro del presupuesto general de la nación, otras obras que las comunidades, secciones y parajes claman, no solo como indispensables sino como extremadamente urgentes. Quienes sustentamos esta aseveración, nos basamos en que la provincia Duarte, aporta al torrente económico nacional, más que ese pírrico 1.73%. A pesar de lo bajo que es, al gobierno se les “chispoteó” ejecutarlo, y nadie hizo nada para recordárselo.
Es bastante cuestionable que una vez convertido en Ley este “plan provincial” de inversión pública, nuestros representantes se “olvidaron” de su responsabilidad constitucional de fiscalizar y hacer cumplir lo que ellos mismos convirtieron en Ley y promulgara el Poder Ejecutivo. Es una lástima que quienes pagarán este “olvido” serán los sectores más desposeídos, esos mismos sectores, por los que en el discurso, luchan incansablemente nuestros “honorables”.
Lo cierto, es que actuaciones como esta, ponen en tela de juicio el costo social de nuestra democracia representativa y mandan un mensaje estridente a los electores sobre a quienes deben elegir para que nos representen. En el 2018, el costo de nuestra representación legislativa provincial, será de RD$212 millones, sin embargo, ya no contamos con las partidas para la Construcción del Hospital Regional, ni para los Centros de atención primarias, ni para la construcción de nuevas escuelas y estancias infantiles, ni para correteras y caminos. No obstante, como premio de consolación, nos mantuvieron una partida de RD$735 millones para la construcción de la Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, dentro del presupuesto provincial de RD$ 1,359 millones de pesos, equivalentes al 1.28% de la inversión pública nacional. Aunque poco, exijamos de manera firme, estos recursos presupuestados en 2018, ya que los mismos están permanentemente amenazados de transitar el mismo trayecto que los consignados en este 2017: “el olvido”. Excúsenme, “honorables” si exigirles hacer cumplir las leyes es mucho pedir.
*El autor es economista, miembro de ACCION CIUDADANA, Movimiento político con visión social, que defiende los mejores intereses del pueblo dominicano.
Discussion about this post