DUARTE.- Luego de que El Segundo Tribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo dictamino cinco años de prisión contra el ex alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, además de una indemnización de cinco millones de pesos, este permanece en su residencia, a pesar de que el dispositivo lo envía al Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en San Francisco de Macoris, por lo que la ciudadanía expresa opiniones divergentes.
La magistrada Ariella Cedano, quien señaló las motivaciones de la sentencia durante la audiencia afirmo que las pruebas aportadas por el Ministerio Público sólo confirmaron la violación a la ley con respecto a los porcentajes de adelantos para obras, “a los registros y a lo que autorizaba el Concejo de Regidores y era ejecutado por el alcalde”, no por corrupción o malversación de 400 millones como alegaba el FALPO y los acusadores.
El jurista Washington Espino, señalo que “Que este en libertad aunque no es ilegal ya que una condena puede incrementar el peligro de fuga, es muy inusual que un tribunal haga cesar la libertad de unos imputados que tienen derecho a interponer recursos que pueden revertir el fallo que los condena”.
La sentencia ordena además prisión contra ex encargado de nominas Jerson Lizardo y adsorbe a la ex tesorera, por el mal manejo administrativo y falta de supervisión en el ayuntamiento de San Francisco de Macoris.
De acuerdo con la sentencia, leída por el presidente del tribunal Eduardo de los Santos, Rodríguez Grullón violó los artículos 166, 167, 169, 170, 172 y 177 del Código Penal.
La permanencia del alcalde en su residencia se debe a que tendrá que esperar el fallo completo que será leído el día 29 de diciembre y el cese de la medida de coerción, según explico otro abogado.
Alcalde califica injusta sentencia
Rodríguez Grullón dijo que en la lectura de la sentencia y sus motivaciones, los jueces determinaron que en su gestión no hubo sustracción de dinero, ni qué tampoco se cometió desfalco ni asociación de malhechores, sin embargo nos condenan a cinco años de cárcel.
“Por observaciones y errores administrativos ningún alcalde había sido condenado, por lo que con mis abogados yo voy apelar la sentencia, porque repito resulta inaceptable esta decisión, me dicen los jueces que no robé y entonces me condenan”, señalo el ex ejecutivo municipal.
Los artículos violados
La sentencia, hace referencia a que Rodríguez Grullón violó los artículos 166, 167, 169, 170, 172 y 177 del Código Penal, en el 166 y 167 establecen el delito de prevaricación, que es “el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, e indica la sanción de degradación cívica, en los casos en que la ley no pronuncia penas más graves.
Mientras que el artículo 169 apunta que “los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente cuyo deber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de semejantes valores o pagar y desembolsar fondos públicos, deberán hacer los depósitos y remesas de tales fondos, rendir cuenta de ellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentro del plazo y en la forma y manera prescrita por las leyes y reglamentos”.
El 170 tipifica el delito de desfalco, definido como “la falta, negligencia o negativa de cualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos, cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le sean pedidos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquier modo sea ordenado entregarlos, por autoridad competente, todos los sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipo, material, suministros y otras cosas de valor de los cuales debe responder”.
En tanto que el artículo 172 establece las penas por desfalco “con una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusión” y el 177, finalmente, apunta las disposición de degradación cívica que consiste en la destitución o exclusión de los condenados de todas las funciones, empleos o cargos públicos; a la privación del derecho de elegir y ser elegido (artículo 32 del Código Penal).
En cuanto a Jerson Neris Lizardo, encargado de nómina de la alcaldía y condenado a ocho años de prisión, la magistrada resaltó que desde el sistema informático que manejaba “se administraba las irregularidades de la nómina, pero no en la magnitud que se ha mencionado, sino en lo que corresponde a enero y septiembre del 2011 y sólo con relación a unas cinco cédulas duplicadas”.
La jueza Cedano recalcó que “necesariamente hubo falta de gerencia, supervisión y rendición de cuentas y en la nómina, pero no en la dimensión que aquí se ha querido mostrar (…) ni porque se hayan apropiado de fondos del ayuntamiento, ni porque haya habido sobornos…Aquí nadie lo demostró”.
La emisión de la sentencia mantiene opiniones divididas en la población, a favor y en contra el del ex alcalde, que dirigió el gobierno municipal durante más de 15 años.
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