El Congreso Nacional cuyas principales funciones son legislar y fiscalizar la aplicación de las leyes, tiene en estos momentos que ocuparse con urgencia de la la ley 253-12 sobre hidrocarburos.
Esta sustituyó la ley 112 promulgada por el Presidente Hipólito Mejía el 29 de noviembre del año 2000, que establecía un impuesto fijo por galón cuando el precio del barril era más barato, al consumo de combustibles derivados del petróleo, previendo que si bajaba el precio del petróleo también bajaban los precios de los carburantes.
Los impuestos eran 18 pesos al galón de gasolina premium, 15 pesos la gasolina regular, kerosene 5 pesos, gasoil 6 pesos,y el fuel oil 5 pesos y el margen de intermediación era de 4.50 pesos.
Esa ley es hoy día uno de los instrumentos más dinámicos y efectivos de recaudación con que cuenta el gobierno del Presidente Danilo Medina desde que consiguió que el congreso le aprobara la ley 253 en el año 2012 de Fortalecimiento y Capacidad Recaudadora, en la cual triplican los impuestos fijos de los derivados del petróleo.
Hoy cansado de ver que cada viernes el gobierno eleva los precios de los combustibles, la población a través de sus organizaciones está reclamando rebajas sustanciales a los precios de los carburantes.
Creemos que son los legisladores de la oposición quienes deben comenzar las gestiones para revisar y modificar esa ley 253-12, en el entendido de que los peledeístas en el congreso jamás tomarán la iniciativa.
Si ningún senador o diputado de la oposición asume su responsabilidad de fiscalizar la aplicación de esa ley, corresponde hacerlo a la Cámara de Cuentas.
El negocio de los combustibles parece favorecer sólo al gobierno, dada las quejas de las empresas de transportes, pasajeros, sindicatos de choferes, los distribuidores de combustibles quienes alegan muy bajos márgenes de beneficio en su comercialización, otras empresas grandes y pequeñas no solo lamentan los altos costos de los combustibles, sino además las altas tarifas de la energía eléctrica.
Las marchas, piquetes, protestas y paros de labores son señales contundentes de que la población está decidida a mantenerse en lucha para lograr la modificación de la ley de hidrocarburos 253-12 de manera que se dispongan trabajas sustanciales y se elimene la revisión de los precios los viernes de cada semana.
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