Desde la conformación de los integrantes de JCE, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Superior Electoral el PLD, usando su mayoría mecánica en el Senado de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura decidió de forma dictatorial y sin contar con el consenso de los partidos de oposición y sectores importantes de la nación, asumir el control casi absoluto de estos órganos que componen las Altas Cortes.
Son frecuentes las acciones dirigidas desde el Palacio Nacional que indican claramente los propósitos de politizar y sacar ventajas de poder, retorciendo, intimidando, manipulando y chantajeando a esos órganos creados, la mayoría de ellos a su imagen y semejanza.
Con honradas excepciones cada uno de esos estamentos están signados por figuras que obedecen al partido de poder, por tanto, sus decisiones, resoluciones o sentencias van dirigidas por lo regular a proteger, resguardar y asegurar beneficios políticos al oficialismo para acrecentar el dominio de todo el aparato Estatal.
El poder ejecutivo ha tendido un cerco tan tenebroso a esas Altas Cortes que cuando una de éstas, como el Tribunal Superior Electoral, decide por mayoría a través de una sentencia favorecer a un sector opuesto a sus intereses, de inmediato montan una parafernalia mediática con funcionarios de primer orden para cercenar, desacreditar e inhabilitar a ese tribunal, verbigracia, las fuertes presiones y cuestionamientos del presidente del Senado por el hecho de ese órgano del Estado dar ganancia de causa a un sector del PRD en desmedro del sector de su presidente que obedece a oficialismo.
Otro hecho que ha consternado y escandalizado a la nación y que muestra el inocultable exceso de poder, y que, por sus características de acechanza, premeditación y alevosía, se percibe como una acción dictatorial, es la exclusión grosera y denigrante de la honorable magistrada Mirian German de la Suprema Corte de Justicia. El Procurador General de la República la sorprendió y la tomó infraganti con una sarta de acusaciones, violentando todo el debido proceso de defensa solo porque dicha magistrada con su autonomía de criterio y de decisión no respondía a los intereses del poder político peledeísta.
Con la amenaza del presidente del Senado de hacer un juicio político a los tres jueces del TSE que por mayoría decidieron anular la trigésima cuarta Convención Nacional Extraordinaria del PRD, el gobierno busca dar un golpe de Estado Institucional y descuartizar la credibilidad de ese órgano contencioso electoral, haciéndolo con saña e intimidación buscando controlar a su antojo y capricho las Altas Cortes. Esas son accione claramente antidemocráticas.
Esas notas de intolerancia y de actos propios de una dictadura exhibidas con asombrosa frecuencia por parte del PLD debe ser un fuerte mensaje a toda la oposición política para que ésta se unifique y pueda desplazar del poder a ese partido-Estado, a esa maquinaria electoral y corrupta que mal gobierna la nación dominicana.
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