En tiempos de pandemia, la economía agoniza por atonía de la demanda agregada, pues ante una baja actividad económica producto de la contención del consumo de bienes y servicios, la recaudación se reciente, la inversión se hace escurridiza y sobreviene la incertidumbre. La incertidumbre es para la economía un ave de mal agüero que impacta las expectativas de los individuos, haciendo que estos asuman comportamientos de precaución ante nubladas perspectivas.
Ante tantos achaques socioeconómicos es menester que el Estado asuma lo que el mercado no puede garantizar por las condiciones particulares de ausencia de empleos, ingresos precarios y prevalencia de pobreza. Sin embargo, el Estado no puede asumir indefinidamente la carga económica sin ingresos tributarios que garanticen la sostenibilidad del gasto público en el tiempo, esfuerzo que se hace para proteger los sectores productivos, a los trabajadores, en fin, a la economía en su conjunto. Es posible sostener el gasto público a través de un mayor endeudamiento; pero es una fuente de ingresos con limitaciones y aunque hay facilidades para el crédito internacional producto de la flexibilización de las condiciones por los organismos internacionales financieros, no menos cierto, es que una vez termine este vendaval económico hay que prepararse para la consolidación fiscal y pagar los platos rotos.
Precisamente para esta etapa, la de la consolidación fiscal, que debe ser post pandemia, debemos recurrir a políticas fiscales poco ortodoxas o convencionales. En tal escenario, por lo tanto, resulta impostergable un pacto fiscal que nos sitúe como sociedad en el debate de qué carga tributaria debemos y estamos dispuestos a soportar para financiar la democracia que nos merecemos.
En esta parte es necesario identificar las fuentes de financiamiento que nos permitan posicionarnos en el terreno antes indicado. A propósito de esto, se está dando un debate internacional que pone sobre la mesa el Impuesto sobre las grandes fortunas como medida tributaria anticíclica que aliviaría las finanzas públicas de los países con restricciones presupuestarias serias y un techo de endeudamiento elevado. Al mismo tiempo, la conciencia ciudadana de los millonarios del planeta se ha sensibilizado a raíz de los lastres económicos que nos lega la pandemia, algunos de ellos articulados en iniciativas como “Millonarios por la Humanidad” que solicitan incrementar la carga fiscal de estos contribuyentes para aportar a la recuperación.
En tal escenario, América Latina, región que ahora es el centro de la pandemia COVID-19, ha escalado en el debate visualizando la identificación de medidas fiscales que sirvan a la reactivación económica en una coyuntura donde la región tendrá el peor desempeño económico registrado hasta el momento (-5.3%, según FMI). Ya Brasil, Chile y Argentina contemplan la implementación del Impuesto a las Grandes Fortunas, en una región donde la desigualdad económica ha sido la pauta y donde es prácticamente inexistente la tributación a la riqueza.
Según un estudio realizado por Sergio Páez y Guillermo Oglietti, titulado ¿Cuánto podría recaudar el impuesto a las grandes fortunas en América Latina?, la región podría recaudar la suma de US$25 mil a US$50 mil millones, con la aplicación de una alícuota de 2.5% a las fortunas identificadas por encima del millón de dólares. Hipotéticamente, esta medida de política tributaria representaría entre el 0.5%-1.0% del PIB regional. Estamos hablando de un monto de ingresos potenciales que entrarían a la economía a potenciar la inversión social y mejorar los bienes públicos como educación, salud, vivienda, agua, electricidad e infraestructura productiva. Un paso adelante para ir cerrando brechas socioeconómicas. A parte de mejorar la progresividad de los sistemas tributarios regionales, introduce recursos ociosos que no afectan ni la inversión ni el ahorro de los contribuyentes.
En República Dominicana los Impuestos al Patrimonio son muy bajos, pues apenas representan el 0.6% del PIB, lo que indica que hay un gran espacio de mejora recaudatoria en ese aspecto, lo que traería una estructura tributaria más progresiva y justa, pues los que más riqueza detenten soportarían una carga tributaria mayor que quienes disponen exclusivamente de sus ingresos laborales.
Teniendo en cuenta que asume un nuevo gobierno este 16 de agosto, momento en el cual las esperanzas renacen por la novedad, las condiciones para un debate futuro sobre este y otros temas cruciales pueden llevarnos a equilibrar la carga económica de los impuestos en el país, así como avanzar en la consolidación de la capacidad recaudatoria del Estado dominicano, el cual comparativamente se encuentra en el penúltimo lugar en la región en relación ingresos PIB.
El autor es economista, con maestría en Finanzas Públicas en la Universidad Clermont-Auvergne, Francia y docente de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
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