“La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro ni tan pobre como para verse forzado a venderse”.
Este trabajo llevaba un tiempo pensándolo y elaborándolo, pero no había conseguido el impulso y motivación necesarios para publicarlo, que me llegó de manera sorpresiva hace un par de días, con las auras de transformaciones al Estado que se escuchan por doquier, y que espero ver convertidas en una hermosa realidad.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos también como ODS, constituyen una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son principios básicos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
¿Qué tiene que ver República Dominicana con los ODS?
América Latina y el Caribe, y aquí entra la República Dominicana, ha trabajado en la elaboración y adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que presenta una oportunidad para todos los países de la región de incluir la reducción de las desigualdades como un aspecto fundamental para el desarrollo.
República Dominicana está comprometida a implementar esta agenda mediante mandatos constitucional y legal, en el artículo 241 de nuestra Carta Magna, y la Ley 498-06. Por ello incluyó los ODS en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y que “se articula alrededor de cuatro ejes estratégicos, que postula una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad que promueven la reducción progresiva de la pobreza, y la desigualdad social y territorial”.
La END es una estrategia de desarrollo sostenible sustentada en la visión de país que los dominicanos quieren para el 2030 y en cuatro ejes estratégicos que están en consonancia con la definición de desarrollo sostenible.
La Visión de la Nación de largo plazo plantea que: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.
Los Ejes Estratégicos contemplados en la Ley 1-12 son:
“Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.
Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.
Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático”.
ODS, desafío para República Dominicana
La Agenda 2030 implica un desafío para el Estado dominicano y sus instituciones, porque está obligada, mediante la adopción de la misma, a cumplir con esos ejes derivados de los ODS planteados a nivel global.
Con una institucionalidad tan débil como la nuestra, donde impera el populismo, clientelismo, amiguismo, la utilización de los cargos y espacios en el Estado como si se tratara de una finca o herencia familiar, donde los funcionarios están por encima del bien y el mal, por encima de la Constitución y las leyes, es mucho lo que debemos ajustar para poder abocarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus ejes estratégicos.
Una nación que trabaja por un “Estado social y democrático de derecho y por una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades”, dos de los ejes estratégicos para la Agenda 2030, debe ocuparse de no exhibir un nivel tan grande de desigualdad, inequidad, exclusión y falta de oportunidades para la mayoría, como lo padece una gran cantidad de servidores de instituciones del Estado dominicano, por sólo poner un ejemplo.
ODS y clientelismo político
Con clientelismo político y por el camino que hemos recorrido como Estado hasta ahora, la nación dominicana no podrá salir adelante con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por muchas leyes que promulgue, muchas comisiones de ética que juramenten sus instituciones y muchas placas de reconocimiento que reciban por prácticas inclusivas y otros inventos creados sólo para hacer historias de méritos fantasmas, con el único propósito de cumplir con una agenda internacional, cuya valía no estamos cuestionando en este momento.
Y es que muchos funcionarios manejan las entidades públicas como si fuesen parcelas de su propiedad, de las que pueden hacer uso de los recursos y distribuirlos a su antojo, irrespetando los derechos adquiridos con el tiempo y otorgados por la Constitución y las leyes a los dominicanos que realizan un trabajo digno a favor de la ciudadanía y del país.
Es una burla a los servidores y profesionales al servicio del Estado, y un irrespeto a lo que establece nuestra Carta Magna y leyes adjetivas, que un funcionario llegue a una institución con toda una parafernalia, a quienes les asignan salarios (que cobran sin siquiera pasar por la oficina) que triplican, cuadruplican, quintuplican la cantidad que le pagan a quienes tienen 15, 20 y más años realizando el trabajo.
Por años alegan que para esos empleados no hay presupuesto para reajuste o aumentos. Sin embargo, cuando suelen hacerlo, también actúan medalaganariamente, favoreciendo unos pocos en detrimento de la mayoría.
No es posible que en algunas instituciones del Estado se hable de “Buenas prácticas inclusivas”, cuando su praxis, su experiencia, su accionar, siempre ha sido excluyente con relación a la mayoría de los servidores que no pertenecen a su anillo, a su clan, a su camarilla.
Estado y Caballos de Troya
Para agenciarse los reconocimientos de que son objeto por parte de otras instituciones estatales y privadas, los “funcionarios”, que sí funcionan y son expertos en maniobras inconfesables, y que se jactan en proclamar que “sus puertas están abiertas para todos”, pero cuando se les pide una cita dan largas y largas para no recibir a quienes no quieren, se manejan con mercenarios de la política, que fungen como Caballos de Troya, que asumen cual perrito faldero, todas las culpas y responsabilidades de sus “jefes”, quienes se comprometen como postalitas o vedettes que quieren agradar a todo el mundo, incapaces de reconocer que no todo es posible en algún instante, pero quieren estar bien con Dios y con el Diablo.
Esperanza al final del túnel
Albergamos la esperanza de que con los aires de cambios que respira el país en los actuales momentos, todo lo expuesto anteriormente sea una pesadilla de la que podamos despertar los ciudadanos con hambre de vivir en una República Dominicana manejada con ética y transparencia, con equidad e igualdad de oportunidades, y por autoridades que les importe más el bienestar colectivo que sus intereses particulares.
¡Basta Ya..!
La autora es periodista, abogada y Presidente de la Fundación Basta Ya
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