La pandemia se comporta como viento que aviva el fuego. Es decir, con la circulación de la gente se aumenta el contagio de la enfermedad.
Pese a las medidas del gobierno de Danilo Medina que concluye, el contagio de la pandemia se multiplica y se reducen los espacios en los centros clínicos para acoger a los enfermos.
El presente es un momento de adoptar decisiones supremas, heroicas, de vida o muerte. Y cada persona tiene que asumir su propia defensa que aconseja la situación sanitaria: uso de mascarilla, mantener la distancia física y el lavado frecuente de manos.
Pero quién tomará esas decisiones que obliga el momento actual, ¿el gobierno que termina o el equipo que asumirá la dirección del Estado el 16 de agosto encabezado por Luis Abinader?
Como está al final de su segundo período de gobierno, Medina toma medidas que complacen peticiones y compromisos políticos como son ascender 10 coroneles a generales, 11 fiscales a procuradores de cortes y autoriza la construcción de obras como un aeropuerto privado en Higüey.
Sin ningún género de dudas, el licenciado Luis Abinader tomará las riendas del Estado Dominicano en medio de las condiciones sanitarias y económicas más difíciles de la historia de este país.
A luz de la realidad económica, el nuevo gobierno debe comenzar a la mayor brevedad a renegociar la pesada deuda externa y declarar una moratoria de pagos desde 2021 por Bonos Soberanos y empréstitos a organismos e instituciones internacionales.
La caída de ingresos al país por concepto de la actividad turística, el fuerte impacto del Covid-19 en las recaudaciones fiscales y en el aparato productivo nacional, han creado un evidente panorama económico particularmente difícil.
En esa perspectiva de comenzar la renegociación de la deuda externa, el gobierno tendría menos presión y puede afrontar con mayores recursos y determinación los retos y múltiples desafíos que conllevará detener los contagios del coronavirus.
Mientras no se frene la agresiva pandemia, el gobierno de Abinader tiene que utilizar sus devastadores impactos como argumento válido para renegociar la deuda externa del país.
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