El desperdicio de los recursos públicos y su mal administración constituye una afrenta para la atención debida de la demanda de salud que hoy está en juego no solo en la República Dominicana, sino también en todos los países del mundo que están siendo gravemente afectados por la pandemia. Mucho antes de la crisis que nos abate, el tema de la transparencia y la corrupción había tenido hegemonía en los estudios de opinión entre las preocupaciones ciudadanas y que por ende constituyen prioridades que deben ser atendidas.
No es para menos, si algo deteriora la confianza ciudadana afectando con ello el contrato social, en momentos donde existen tensiones y estrecheces fiscales – recaudaciones en caída precipitada e incremento de necesidad de financiamiento- es la falta de transparencia que sirve de velo a prácticas mala habidas que terminan socavando las finanzas públicas. En consecuencia, si algo se erige como valladar en el logro del objetivo de salvar vidas y aminorar los efectos económicos de la pandemia, es darle cabida a acciones desde el Estado que disminuyan la capacidad de respuesta financiera y logística al problema del COVID-19.
Recientemente la CEPAL publicó su ya acostumbrado informe “Panorama Fiscal de América Latina y El Caribe 2020”, donde este organismo internacional expresa que el esfuerzo fiscal promedio, que da cuenta de las medidas de gasto, desgravación fiscal y liquidez (exceptuando las garantías estatales) incurridos por los países de la región, fue de 3.2% del PIB al 20 de mayo de 2020. Para la República Dominicana se estimó un esfuerzo fiscal de 0.7%, muy lejos de los resultados del mismo indicador para El Salvador (11.1%); Chile (5.7%) y Perú (4.8%). Estas discrepancias obedecen sobre todo a dos elementos que derivan del espacio fiscal disponible como son el nivel de endeudamiento público y el resultado global de las operaciones del gobierno central.
Teniendo en cuenta este esfuerzo fiscal, independientemente de su suficiencia, es importante entender que la calidad del gasto y con ello, la transparencia en su ejecución, deben ser la garantía de que se tengan resultados económicos y distributivos que apalanquen la actividad productiva e impidan el empobrecimiento de los trabajadores por la pérdida de empleos. Un factor que menciona la CEPAL que debe jugar un rol estratégico para la sostenibilidad financiera del país, lo constituye la contención de la evasión fiscal, lastre pesado con el que ha cargado la República Dominicana por muchas décadas y que viene a ser difícil de combatir por la informalidad de la economía y la economía política que envuelve el tratamiento fiscal de ciertos sectores económicos.
Es importante señalar que las crisis ponen a prueba la confianza de la ciudadanía en el gobierno y las instituciones, lo que invita a que la prudencia y el comportamiento ético desde la administración pública adquiera aún más relevancia; los gastos en protección social ante una elevada demanda de servicios de salud y transferencias corrientes para mantener el consumo requieren de una burocracia frugal y honesta. De ahí que una política fiscal expansiva como lo amerita el momento debe estar acompañada de un compromiso con la transparencia, la eficiencia y la auditoria social que vele por el correcto destino de los fondos públicos.
De estar ausentes los aditamentos anteriores, es inminente el deterioro de las condiciones de vida de la población, lo que desarticularía la necesaria cohesión social que evite episodios de inestabilidad política y social. El rol de la ciudadanía en la auditoría social y el reclamo por mayores niveles de transparencia, permitiría que la intervención del Estado en la economía no genere fallas, que terminen engrosando el inevitable endeudamiento público sin los resultados esperados.
Es tiempo de un Estado comprometido con el bien común, con políticas públicas que nos hagan salir del estancamiento económico y nos sitúen en el riel de la recuperación, al tiempo que mitigue las perspectivas que se ciernen de ampliación de la pobreza. Sin embargo, este papel más activo del Estado en la economía, requiere, por las características de la coyuntura socioeconómica y sanitaria que vivimos, de un compromiso como país con el manejo integro de nuestros recursos públicos.
