Tanto la Constitución como la normativa legal vigente, establecen una serie de derechos, garantías y prerrogativas en favor de los trabajadores dominicanos; uno de ellos es la pensión, que no es más que una prestación económica, destinada a proteger al trabajador que, al transcurrir el tiempo respecto a su vida laboral productiva y bajo ciertas condiciones, se ve precisado a retirarse de ella; teniendo la pensión como objetivo entonces, reemplazar la pérdida o reducción del ingreso del trabajador, ya sea por vejez, fallecimiento, discapacidad, cesantía en edad avanzada y sobrevivencia.
Pensión por Vejez. Acorde con el artículo 45 de la ley No. 87-01 de Seguridad Social, la pensión por vejez procede cuando el trabajador haya cumplido la edad de 60 años y cotizado durante un mínimo de 360 meses; o haya cumplido 55 años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al 50% de la pensión mínima.
Pensión por discapacidad. Esta puede ser total o parcial y la misma tiene lugar en ocasión del trabajador haber sufrido una enfermedad o lesión crónica. La discapacidad será total, cuando reduzca en dos tercios capacidad productiva del trabajador, y parcial, entre un medio y dos tercios. Para tener derecho a esta
pensión, el trabajador deberá haber agotado su derecho a prestaciones por enfermedad no profesional o por riesgos del trabajo.
Pensión por cesantía por edad avanzada. Procede cuando el trabajador privado de un trabajo remunerado, haya cumplido 57 años de edad y cotizado un mínimo de 300 meses en la Tesorería de la Seguridad Social. Cuando el trabajador ya haya cumplido los 57 años, pero no alcance haber aportado las 300 cotizaciones, se le otorgará una pensión en base a los fondos acumulados o puede seguir cotizando hasta cumplir con el mínimo de cotizaciones para calificar para la pensión mínima por cesantía. En ningún caso la pensión por cesantía podrá superar el último salario del beneficiario.
Pensión de sobrevivientes. Tiene lugar en caso de fallecimiento del trabajador activo afiliado a la Seguridad Social. Los beneficiarios de esta pensión son los siguientes parientes del trabajador fallecido: cónyuge sobreviviente; hijos solteros menores de 18 años; hijos solteros mayores de 18 años y menores de 21 años que demuestren haber realizado estudios regulares durante no menos de los 6 meses anteriores al fallecimiento del afiliado; hijos de cualquier edad considerados discapacitados de acuerdo al reglamento de pensiones.
Procede aclarar, que el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, está concebido para cubrir a todo trabajador, ya sea del sector público o privado. Sin embargo, la ley reconoce la existencia de otros sistemas de pensiones existentes previo a su entrada en vigencia en el año 2001. En ese caso, los servidores del
sector público que hasta ese momento habían estado protegidos por la ley 379-81 tenían la opción de mantenerse en el sistema de reparto que respecto al fondo de pensiones contempla esa ley, o incorporarse con sus beneficios hasta el momento acumulados, al sistema de Cuenta de Capitalización Individual (CCI) establecido en la ley No. 87-01 de Seguridad Social. Hoy día, una parte de los servidores públicos aún permanece amparado en la referida ley No. 379-81, a los fines de su derecho a pensión. La misma tiene su propio régimen en cuanto al sistema de pensiones.
Caso de desvinculación de los servidores públicos
En el caso de los servidores públicos, en cualquiera de estas circunstancias, pueden solicitar la pensión, la que habría de ser tramitada a través del área de recursos humanos de la institución para la cual trabajan.
En ese sentido, la ley prohíbe la desvinculación del servidor publico cuando este se encuentre en los trámites de la pensión. Así lo establece el artículo 65 de la ley de Función Pública, al disponer que “El empleado público de estatuto simplificado que tenga derecho a una pensión o jubilación de conformidad con las leyes vigentes, no podrá ser destituido injustamente, y seguirá percibiendo su salario hasta que dicha pensión o jubilación le sea concedida. El servidor de carrera al cumplir los requerimientos de edad y años en servicios previstos para su retiro tiene derecho a recibir la pensión o jubilación que conforme a la ley le corresponda.”
Sin embargo, tanto para el servidor público de estatuto simplificado como para el de carrera administrativa, la desvinculación procede aun estando en trámite de la pensión, si cometiere alguna falta laboral de las clasificadas de tercer grado, en ocasión de la cual, una vez cumplido el proceso disciplinario correspondiente, procede la desvinculación justificada del servidor en falta.
A partir del momento en que se inicia el trámite de la pensión, el servidor público acreedor de la misma, debe ser mantenido en la nómina de la institución, ya sea que este se mantenga activo en su trabajo o sea que se haya retirado a su casa a la espera de la misma, porque se hayan cumplido los requerimientos de edad y años en servicio, previstos para su retiro, así como el caso que se encuentre padeciendo una enfermedad terminal o haya sufrido un accidente cuyas consecuencias lo dejen inutilizado para la vida laboral.
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