El pasado Domingo 8 del mes de Septiembre cinco menores de edad, y un joven de 18 años que estaban privados de libertad, escaparon del Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflictos con la ley de esta ciudad, luego de despojar de las armas y amarrar a los custodios.
Estos adolescentes fueron represados, algunos el mismo día y otros los días siguientes; presentado al juez de la Instrucción del Tribunal de NNA, se le impuso medidas cautelares de privación de libertad, imputándosele un nuevo hecho consistente en Asociación de malhechores, robo con violencia y porte de armas de fuego. Los mismos fueron enviados a las cárceles de menores de Santiago, La Vega, Distrito Nacional y Najayo Menor. El joven de 18 años fue enviado a la Cárcel de San Francisco de Macorís.
A dos de estos adolescentes se les había impuesto 30 días de privación de libertad y procedía la revisión a su vencimiento. Procedía su variación por otra menos gravosa y a dos más se les había sancionado mediante un Acuerdo Penal Abreviado, donde admitieron el hecho imputado a 1 y 2 años de privación de libertad respectivamente. Ellos esperaban ser trasladados a Manoguayabo y a San Cristóbal, pero hoy enfrentan cargos muy graves. Serán acusados por el Ministerio Publico y podrían recibir sanciones de hasta 3 y 5 años de acuerdo a la edad.
El centro de San Francisco de Macorís y el de la ciudad de la Vega que albergan adolescentes privados de libertad, mediante resoluciones dictadas a solicitud del ministerio público, no reúnen las condiciones que establece ley 136-03, la convención de los derechos del niño y reglas de las Naciones Unidas para la aplicación de las sanciones privativas de libertad, que expresan que las mismas deben cumplirse donde tengan esparcimiento y donde los mismos sean tratados con humanidad y dignidad.
La sanción se ejecutará en centros especiales para personas adolescentes, que serán diferentes a los destinados para la población penitenciaria adulta, de acuerdo a lo que expresa el artículo 380, de la ley 136-03. Pero si comparamos el centro de corrección de Vista al Valle (para adulto) con el de La Vega y San Francisco de Macorís, vemos que aquel es más especializado de lo que debiera ser un centro para menores de edad.
El hecho de vivir un adolescente encerrado entre cuatro paredes como sucede en San Francisco de Macorís y en La vega, son causas que pueden desesperarlos y aceptar cualquier propuesta de fuga que otro adolescente privado de libertad le haga. Así pueden cometer el error de participar en acciones aventureras, fruto de su edad como la cometida en fecha reciente.
Abogamos porque la Procuraduría General de la República construya verdaderos centros especializados de atención integral para adolescente privados de libertad, que esten acorde con lo que establece la ley y las convenciones de las cuales somos signatarios.
El autor es Procurador Fiscal de Menores y periodista miembro del Colegio Dominicano de Periodista (CDP).
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