Hemos visto con estupor la medida precautoria dictada por la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, atendiendo a un recurso de amparo que presentó la Federación de los Trabajadores de las Industria (CONATI), con la cual se prohibió los llamados a paro del Colegio Médico Dominico (CMD) contra las ARS. Nadie debe extrañarse, porque estamos viviendo en la RD el engendro de una democracia híbrida burguesa y populista, defectuosa y clientelar.
La medida fue dictada por la jueza Priscila Martínez Tineo, ordenando al CMD detener la huelga y ordenando que los médicos están en la obligación de prestar servicio a todos los afiliados de la seguridad social, sin importar a que Administradora de Riesgo de Salud (ARS) pertenezcan, obvio la medida es de carácter cautelar y se mantendrá hasta tanto se conozca el fondo del asunto, el cual ha sido pautado hasta el pasado 14 de junio.
El presidente del colegio, doctor Waldo Ariel Suero, reaccionó expresando su rechazo a la medida en cuestión y que el presidente Luis Abinader no debe permitir que acciones dictatoriales cómo está violen los derechos a la libertad de expresión y las protestas, intentando poner un “bozal” a los médicos violando los derechos a la libertad de expresión y las protestas.
Advirtió a la Jueza Priscila Martínez Tineo, a los empresarios de las ARS y al propio gobierno que si se materializa el fallo en contra de las protestas no habrá paz laboral en el sector salud y manifestó que en su momento, el colegio y las Sociedades Médicas Especializadas llamarán a los médicos para que renuncien masivamente inicialmente a una ARS de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, sin descartar un paro en todos los centros públicos y privados a nivel nacional.
La realidad es que el médico está en un dilema dramático y abrumador, que es ir a trabajar en medio de la pandemia arriesgándose a contraer COVID 19, por un valor económico como honorarios médicos insatisfactorios por las atenciones médicas. Estamos clarísimo nuestra misión como médico es salvar vidas, la de los empresarios es proteger sus rentabilidades, y las de muchos “sindicalistas” es ser peones del gran capital, como expresó el líder eurocomunista Santiago Carrillo.
Estamos convencidos de la necesidad de un diálogo nacional para impulsar la primera ola de reformas de la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana, la ley 87-01, que en este año 2021 cumple dos décadas de su puesta en marcha, cuyo objeto de la ley, “es establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en el marco de la Constitución de la República Dominicana, para regularla y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social, a los recursos físicos y humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen.”
Nadie es ajeno, ni indiferente a la realidad sanitaria nacional, producto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia por Covid 19, así que el Colegio Médico Dominicano, la Seguridad Social y las ARS, están convocadas por la madurez del tiempo para buscar soluciones armoniosas y satisfactorias a la problemática planteada, la falta de equidad en la remuneración a los responsables de brindar sus servicios profesionales a los derecho habientes, queremos dejar bien establecido que producimos salud a los enfermos, y riqueza a los empresarios de la salud y la industria farmacéutica, también al gobierno por los pagos de impuesto que derivan de las rentabilidades.
El Estado como garante de la salud pública y formuladores de políticas públicas, debe ante el dilema planteado buscar el equilibrio que logre asegurar la sostenibilidad de la Seguridad Social de la República Dominicana, sin poner en riesgo los servicios que deben recibir los pacientes, no es posible que los funcionarios del sector salud y sobre todo de la Seguridad Social continúen observando desde ring side el affaire entre el CMD y las ARS.
El autor es médico Endocrinólogo y Nutricionista, egresado de la Fundación Dr. Jiménez Díaz y Universidad de Madrid. Fue Director Ejecutivo del Programa de Reordenamiento Administrativo y Técnico del IDSS.
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