La noche de este pasado domingo 20 de junio del año en curso, se originó un motín en la fortaleza Juan Pablo Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Este incidente se produjo a eso de las 8:00 pm, donde perdió la vida el recluso Fausto Francisco Capellán Guillén a causa de un disparo en medio de la sublevación de un grupo de reos, que exigían un sinnumero de demandas.
El informe policial ha señalado como responsable de la muerte de Capellán Guillén a Jesus Manuel Doli de la Cruz, alias Manuelcito, quien cumple condena de 20 años por homicidio en este penal. Manuel Doli exigía de las autoridades el traslado de él y de otros reos que se encontraban recluidos en dicha fortaleza.
La semana pasada, según autoridades del Ministerio Público (MP) de San Francisco de Macorís hicieron una intervención en el recinto de privación de libertad custodiado por el Séptimo Batallón de Infantería del Ejército. En dicha requisa se ocupó dos pistolas, 39 cápsulas, una máquina tragamonedas, 13 cuchillos, 5 punzones, 59 teléfono celulares de diferentes marcas y tres modem de internet móvil y un router fijo.
¿Cómo llegan las armas de fuego en manos de privados de libertad?
Es sumamente alarmante y nos trae mucha suspicacia e interrogantes que a tan sólo una semana de que el MP realizara una intervención a ese penal, la noche de ayer fuera asesinado de un disparo otro privado de libertad en ese mismo recinto en medio de un motín.
Todo parece indicar que las autoridades castrenses encargadas de la seguridad de esa fortaleza tienen vínculos con esas bandas que se organizan dentro de los penales para permitir la entrada de armas blancas, armas de fuego, celulares, entre otros objetos que están prohibidos dentro del sistema penitenciario del país y que estos privados de libertad los obtienen mediante la complicidad de pagos de quienes están llamados a no permitir ese tipo asunto que le dan privilegios a ciertos reos en los recintos carcelarios y que son usados para delinquir dentro y fuera de los penales.
Sin embargo a Manuelcito y los demás amotinados se les ocuparon dos pistolas, incluyendo una utilizada para quitarle la vida al condenado por homicidio Capellán Guillén. Estas armas ocupadas no llegaron sola, ahí existen manos de rangos militares que permiten la entrada de las mismas por pago que le hacen las bandas crimínales que dirigen los penales.
Estos tipos de casos seguirán sucediendo mientras hayan cómplices en los cuerpos militares encargados de la custodia de los penales y esto debe traer como consecuencia una investigación exhausta por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y el director de prisiones Roberto Hernández Basilio, para dar con los responsables que permiten la entrada de los objetos prohibidos y someterlos a la acción de la justicia, porque son tan homicidas; como los que cometen el hecho.
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