La Cámara de Cuentas encontró serios indicios de responsabilidad penal en la alcaldía local en auditoria practicada, en la cual salieron al flote malversación de fondos por más de mil millones de pesos, dejando en manos del Ministerio Público el encauzamiento de las acciones correspondientes.
Pese a que el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón alega que en el ayuntamiento no hubo malversación de recursos con excepción de la nomina electrónica y que lo demás son “debilidades institucionales por inobservancia de las reglamentaciones”, la recomendación final de la Cámara de Cuentas dice todo lo contrario.
Ante esa situación sectores entendidos en la materia señalan que el alcalde y otros funcionarios municipales son pasibles de acciones penales por malversación de fondos públicos.
Pagos duplicados por más de RD$25 millones, “donaciones” no sustentadas por más de RD$8 millones, RD$6 millones en pagos a “botellas”, mas de 8 millones en “ayuda”, sin ninguna sustentación, malversación de fondos y un manejo desordenado de los recursos en la alcaldía municipal son algunas de las irregularidades cometidas por la actual gestión de la alcaldía de esta ciudad, que fueron puestas en evidencia en el informe final de la auditoria.
La Cámara de Cuentas en las conclusiones relativas a la auditoria practicaba en el periodo 2007-2011, donde encontró múltiples irregularidades administrativas, recomienda al ministerio público observar los artículos 46, 47 y 49 de la ley 10-04 del 20 de enero del año 2004, remitiéndole dicho informe.
El articulo 49 de a referida ley expone que cuando de los resultados de auditorias, estudios e investigaciones practicados por los auditores de la Cámara de Cuentas se establezcan indicios de responsabilidad penal, se informará al Ministerio Público, a los organismos especializados de la prevención e investigación de la corrupción, a las autoridades administrativas y judiciales competentes y a la autoridad no-minadora de los funcionarios o empleados involucrados en los hechos punibles, así como de todos aquellos que causen perjuicio al patrimonio público, por acción u omisión del funcionario, empleado público o de terceros que actúen en calidad de contratistas o receptores de subsidios o reciban asignaciones de fondos públicos, acompañando su denuncia con las evidencias recopiladas que respaldan sus observaciones, disposiciones, conclusiones y recomendaciones, a los fines de que las precitadas autoridades pongan en movimiento la acción pública contra las personas en relación con las cuales hayan surgido indicios de responsabilidad penal.
Además el artículo 46 de la referida ley otorga competencia para establecer responsabilidades de carácter administrativo y civil a la Cámara de Cuentas, así como para señalar los hechos que constituyan indicios de responsabilidad penal.
El alcalde Félix Rodríguez Grullòn, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), admite que hubo “inobservancia de normas, reglamentos y leyes, pero que no hubo malversación, pero el articulo 47 de la ley 10-04 expone que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos las entidades y organismos sujetos a la ley, se establecerá por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les compete.
“Ahí no hay malversación de fondos, con excepción de la nomina electrónica del ayuntamiento. Ahí si hubo malversación de fondos. Los demás son debilidades institucionales por inobservancia de las reglamentaciones que tiene la contraloría general de la república para todos los gastos, que las desconocen casi todos los ayuntamientos. No se han preocupado en darla a conocer a los gobiernos locales”.
Entiende que la inobservancia a algunas leyes es muy diferente a la malversación y al dolo. Son dos cosas muy diferentes.
Sectores francomacorisanos han expuesto sus criterios sobre la situación que se presenta en la alcaldía municipal, unos opinan que el alcalde Félix Rodríguez Grullòn, debe ser suspendido en sus fundones y otros que debe ser apresado y enviado a la justicia, junto a otros funcionarios administrativos del cabildo, para que respondan por sus hechos.
El licenciado Silvestre Abreu Gómez, Presidente del Consejo de Defensa del Patrimonio Municipal, expone que si el ministerio público no actúa, la entidad que dirige procederá judicialmente mediante una denuncia-querella en contra del alcalde.
“Ese señor debe estar preso junto a la tesorera y otros funcionarios que no tienen forma de explicar la forma en que han adquirido los bienes que poseen, con los salarios que reciben”, señala Abreu Gómez.
PROFESIONSAL MEDICO EN NOMINA, PERO OTRO COBRABA
Una doctora en medicina denunció que fue colocada en la nomina del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, con una ayuda humanitaria de RD$30,000.00 pesos, dinero que nunca llego a sus manos.
La doctora Elsa María Candelier Mayí, dijo que en la reciente auditoria practicada por la Cámara de Cuentas, aparece en un listado con la suma de dinero en mención, que nunca pudo cobrar, situación que calificó de muy delicada.
La doctora Candelier Mayí, expuso que al parecer alguien en el cabildo, cogió el número de su cédula y su nombre y en una acción fraudulenta la colocaron en la lista de nómina con la suma de los 30,000 pesos.
