La relación de trabajo que se desarrolla entre empleadores y trabajadores, está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, derechos, deberes y obligaciones, las cuales están previstas en la normativa laboral de la República Dominicana.
La falta de cumplimiento de tales obligaciones y la violación a ciertos derechos que en favor de las partes reconoce tanto la Constitución como el Código de Trabajo y las normas complementarias, pueden dar lugar a la terminación del Contrato de Trabajo por decisión de la parte afectada, apoyada en la falta en su perjuicio, cometida por la otra parte. Es el escenario que permite el ejercicio del despido justificado por parte del empleador contra el trabajador y de la dimisión justificada por parte del trabajador en contra del empleador.
La dimisión es entonces, la decisión del trabajador ponerle fin al contrato de trabajo por culpa del empleador, para lo cual debe establecer y demostrar que el empleador habría cometido por lo menos una de las faltas enumeradas en el artículo 97 del Código de Trabajo, como fundamento de la dimisión.
Acorde con el artículo 62.8 de la Constitución “Es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados…”. De igual manera, el artículo 46 del Código de Trabajo establece como una de las obligaciones a cargo del empleador, la de “Mantener las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben ejecutarse los trabajos en las condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias.”
En ese orden, echamos una mirada a la dimisión del trabajador fundada en la ausencia de las medidas preventivas y de protección de rigor, que está obligado a establecer y procurar el empleador para evitar el contagio y propagación del coronavirus o Covid-19 en el lugar de trabajo.
Ante la aparición de la pandemia en marzo del 2020, tanto el Presidente de la República como las autoridades sanitarias, dispusieron una serie de medidas de manera preventiva y de protección, tendentes a evitar el contagio y propagación de la enfermedad.
El distanciamiento social y el uso de la mascarilla son medidas de cumplimiento obligatorio establecidas por las autoridades sanitarias del país; el empleador está obligado a implementarlas en la empresa y a crear las condiciones para que los trabajadores puedan someterse a ellas y cumplirlas.
De igual manera, en ocasión del proceso de vacunación que se desarrolla, uno, varios o todos los trabajadores pueden requerirle al empleador que exija a todos y cada uno de los compañeros de trabajo, presentar la cartilla o evidencia de haberse vacunado contra el covid-19, pues en los entornos laborales la protección ha de tener un carácter colectivo, inherente al conjunto de los que interactúan en el lugar de trabajo.
La ausencia de tales medidas pone en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y ante tal situación cualquiera de ellos puede dimitir de su trabajo, atribuyendo al empleador la falta contenida en el numeral 11 del artículo 97 del Código de Trabajo, el cual establece que, “El trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su dimisión… 11. Por existir peligro grave para la seguridad o salud del trabajador, porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen;”
Al presentar la dimisión fundada en una justa causa exigidas por la ley, el trabajador se convierte en acreedor de las prestaciones laborales correspondientes – preaviso y cesantía -, así como a los derechos adquiridos que procedan y tenga pendiente el trabajador. En estos casos, casi siempre la reclamación adquiere un ribete judicial y es el juez quien determina los derechos procedentes, pero nada quita y así debería ocurrir mayormente, que el empleador le reconozca tales derechos al trabajador dimitente y proceda a pagárselo sin que sea necesario ir al tribunal.
Ante un escenario judicial el empleador podría negar haber cometido la falta alegada por el trabajador, caso en el cual queda a cargo del trabajador dimitente, probar ante el tribunal el hecho o violación invocada como fundamento de la dimisión.
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