Desde la independencia efímera (1821) la República Dominicana viene intentando establecer por lo menos en teoría, organizar el poder municipal, fomentándo la carrera civil y administrativa. Esto lo demuestra la inclusión en el acta constitutiva de la nación, de una disposición mediante la cual se instituyó que los empleados públicos, solo en el caso de faltas graves, podían ser cancelados de sus puestos.
La Carta Magna establece en su artículo 138 que la Administración Pública está sujeta a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia y economía, bajo pleno ordenamiento jurídico del Estado.
El poder más cercano al pueblo y sus comunidades, lo constituye el ayuntamiento, organizado en dos frentes básicos que son la Alcaldía, como poder ejecutivo, representada por el Alcalde Municipal y el Concejo de Regidores, como poder legislativo.
La Ley 41- 08 promulgada en fecha 16 de enero del 2008 da plenos derechos a la ciudadanía de monitorear la marcha de sus ayuntamientos, obteniendo cuantas informaciones considere de lugar a fin de comprobar la transparencia con que los recursos materiales, humanos y económicos, estén siendo manejados.
Por tanto es deber de las autoridades municipales ofrecer a la ciudadanía las facilidades para el acceso a las informaciones que desee.
El ayuntamiento debe ofrecer garantías de participación en la elaboración, gestión y control del presupuesto anual, y por consiguiente, esas comunidades tienen el derecho de ser parte activa en las asambleas, las que deben ser promovidas y convocadas con suficiente tiempo de antelación, para que con justos principios de igualdad, sea distribuido el presupuesto considerado y discutido, a fin de que las comunidades representadas por las juntas de vecinos puedan con su derecho de inclusión encontrar un canal para la solución de sus necesidades.
En el 2007 el congreso aprobó la ley 170-07 del Sistema de Presupuesto Participativo Municipal, así como la ley 176-07 de los municipios y del Distrito Nacional, las cuales lo definen como obligatorio, subrayando como objetivos incluir a las comunidades en la toma de decisiones a los fines de fortalecer la gobernanza.
La ley 170-07 propicia un balance adecuado de las inversiones entre los territorios urbanos y rurales, permitiendo el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto. Esto es básico para conseguir el desarrollo comunitario.
La ley 176-07, enfatiza la equidad de género al propiciar la inclusión de la mujer en la gestión municipal en términos generales. El presupuesto participativo es la manera más democrática e incluyente con que el poder municipal está llamado a favorecer directamente a su pueblo.
En el ayuntamiento local funciona una oficina de acceso a la información, a la cual nos acercamos para solicitar informaciones precisas sobre el presupuesto participativo.
Por medio de su representante la licenciada Luz Esther Santos, recibimos importantes informaciones al respecto, quien además de indicarnos los funcionarios responsables y calificados para responder a nuestras inquietudes declaró que en una fecha próxima serán convocados los delegados de las diferentes juntas de vecinos, las que pueden ser representadas por un máximo de tres miembros, así las autoridades del municipio de San Francisco de Macorís, están abiertas al pueblo y prestas a procurar solución para los problemas de los barrios y comunidades rurales, expresó.
Luz Ester además de hacernos entrega de suficiente material de información, destacó la importancia de que los miembros de las juntas de vecinos participen de forma directa como genuinos representantes de sus respectivos barrios y comunidades, a fin de que estos, no solo puedan convertirse en testigos de la transparencia con que se manejan los fondos, sino que además puedan exponer sobre las necesidades identificadas en sus respectivos sectores; y de esta manera conseguir solución para las mismas.
Por su parte, la encargada del Departamento de Desarrollo Comunitario, Maestra Alodia Pichardo, manifestó que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís viene convocando a las diferentes Juntas de Vecinos, a través de los principales medios de comunicación y de manera directa, con el objetivo de procurar la total inclusión en las asambleas y reuniones relacionadas con el tema del Presupuesto Participativo.
“Vivimos en un país donde no se programa el crecimiento de la población y muchas veces los sectores más pobres ocupan mediante invasiones ciertos lugares en las cercanías de la ciudad, asentándose allí sin ningún tipo de planificación, lo que agudiza sus necesidades y por consiguiente dificulta el suministro de los servicios básicos como el agua y recogida de desperdicios. El ayuntamiento por tanto se ve precisado a priorizar según el alcance de sus recursos. Es de vital importancia que las comunidades manifiesten sus necesidades y demandas”, consideró la maestra.
Dijo que se están haciendo los levantamientos para consolidar el presupuesto correspondiente al año 2022 que normalmente es en noviembre cuando se establece la disponibilidad presupuestaria. También se expresó para este medio de comunicación escrita el Ing. Huáscar Coste, director de la Oficina Municipal de Planificación y Programación (OMPP) del ayuntamiento francomacorisano, quien presentó una cronología que registra la línea de integración de los municipios dominicanos en lo que se refiere al Presupuesto Participativo iniciándose en el 2003, cuando cinco municipios, ofrecieron participación comunitaria en su presupuesto; en el 2004 el número aumentó a treinta; en el 2005 a cincuenta y ocho y en el 2006, ya habían ciento veinte municipios al día con el Presupuesto participativo.
Refirió las cinco etapas de preparación y participación, así como los diferentes talleres ofrecidos para dar a conocer al pueblo todo lo relativo al manejo de los procesos democráticos en los ayuntamientos.
Concluyó expresando que el Presupuesto participativo es una forma de hacer gobernanza, de acercarse más a la ciudadanía y escuchar sus problemáticas y buscar posibles soluciones entre los representantes de la comunidad; la comunidad misma, y el Ayuntamiento Municipal. “Para mí personalmente es involucrarme con la comunidad para buscar medios de mejorarles la calidad de vida a los ciudadanos de una demarcación municipal”.
Entrevistada al respecto, la Profesora Odilín Morel, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos, declaró a este rotativo que en este momento el Presupuesto Participativo no está llegando a las comunidades como debe ser, porque tienen que ser invitadas de manera formal todas las juntas que están registradas en la unión que ella preside, la cual realiza asamblea quincenal en su local de la avenida libertad. Aseguró que esas organizaciones tienen derecho a accesar a ese presupuesto porque se trata de dinero del pueblo, y es al pueblo que debe llegar. Consideró que el ayuntamiento debe mandar cartas a la unión, para que esta las haga llegar a sus dirigentes, pero más que nada motivarlas a que participen, porque muchas veces los problemas se convierten en “problemazos” por falta de seguimiento. “Los problemas deben ser manejados al principio para evitar su agudización” afirmó Odilín con su tono fuerte y enérgico estilo.
El presupuesto Participativo debe ser estimado en su justa dimensión, tanto por el pueblo como por las autoridades municipales, porque significa el punto de encuentro social efectivo enlace entre las autoridades y las comunidades, independientemente de sus condiciones; por lo tanto es fundamental hacer honor a los principios éticos de la democracia, con un sistema de inclusión que no dé lugar a ningún tipo de marginación.
Proponemos que las autoridades del municipio, inicien un proceso de acercamiento directo con las juntas de vecinos, a fin de facilitarle su rol como entidades que organizan a sus sectores para la identificación y solución de sus necesidades. En cuanto a la Unión de Juntas de Vecinos y otras asociaciones similares vigentes, es apropiado el momento para que el cabildo se ocupe del mantenimiento de sus locales, así como de la asignación de una secretaria y una computadora que les facilite su continuidad como entidades de equilibrio social y auxiliares de las autoridades.
Sugerimos que se apliquen las leyes municipales vigentes que deben evitar el desorden que provocan los asentamientos urbanos que surgen de manera irregular en las áreas próximas a la ciudad. La recurrencia en estas acciones ilegales, tiene que detenerse, a fin de que la demagogia sea sustituida por una política de ordenamiento, basada en deberes y derechos.
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