La oposición al retiro del 30% del patrimonio acumulado por los trabajadores en el sistema previsional dominicano, plantea un escenario apocalíptico en lo macroeconómico de otorgarse los fondos. Agitan en su argumentación el fantasma de la inflación, la volatilidad del tipo de cambio, el incremento de tasas de interés y la ruina de la recuperación económica. El discurso del terror económico plantea una reducción de las pensiones futuras y la desaparición concreta de un ahorro nacional que hasta ahora solo ha aprovechado ventajosamente el sector financiero y el Estado.
Estas AFPs han generado ganancias por el cobro de comisiones por un valor de RD$27,296.6 millones del 2017 a julio de 2021. Toda esa montaña de recursos la han generado sin crear producción real, pura renta financiera. El Estado dominicano, ausente actualmente del debate, ha recurrido a los fondos de los trabajadores para sortear déficits fiscales. Hay un riesgo moral en la política de deuda dominicana: como hay crédito seguro con las AFPs de los fondos del patrimonio de los trabajadores, no hay porqué preocuparse con la calidad del gasto ni alcanzar la suficiencia recaudatoria. Con esto se ha evitado el necesario ajuste fiscal progresivo y las AFPs son para el Estado, sus prestamistas de última instancia.
Ante el relato de una catástrofe asegurada de liberarse el 30% de las AFPs, es importante reflexionar en los posibles efectos, observando los “hechos estilizados”, es decir, la experiencia concreta de otros países y la coyuntura económica nacional.
En Chile se ha recurrido a la medida como resarcimiento económico ante la pandemia y la perdida de empleo e ingresos. Hasta el momento se han hecho tres (3) retiros y pendiente un cuarto que está esperando aprobación del senado. Medidas similares se han autorizado en Perú y Bolivia. Hasta el momento, esto no ha generado la presión inflacionaria esperada, y de existir, responde a desacople de oferta y demanda mundial, no factores monetarios derivados de la liquidación de los fondos; tampoco las economías de estos países han entrado en una fase de desequilibrio macroeconómico. Estados Unidos atraviesa por una presión inflacionaria coyuntural, propia de la aplicación del “helicóptero monetario”, alegoría que quiere significar la aplicación de una política monetaria muy expansiva que hasta ha llevado a una parte de la fuerza laboral decidir no trabajar y en consecuencia, al incremento de los salarios por hora.
El retiro del 30% de los fondos – el patrimonio total del sistema asciende a RD$707,083 millones a julio de 2021 – representa RD$212,125 millones, alrededor de 4.0% del PIB. Hay que destacar algo, no todos los afiliados retirarán su correspondiente 30%. Suponiendo que el 70% lo haga, la suma a pagar a los afiliados es de RD$148,487 millones. Este monto es inferior a los estímulos monetarios y fiscales, que el gobierno dominicano ha lanzado al torrente monetario (RD$364 mil millones aproximadamente desde marzo de 2020). La inflación acumulada a agosto fue de 7.90%, atribuida por el gobierno y las autoridades del Banco Central a factores externos, no a situaciones monetarias típicas.
El promedio de los afiliados al sistema dispone en fondo de RD$158,953, por lo que su 30% sería alrededor de RD$47,686. Si se programan los retiros en 3 partidas, estaríamos ante un desembolso promedio de RD$15,895. Prácticamente un salario mínimo promedio nacional del sector privado no sectorizado. Ciertamente habrá un crecimiento de la demanda de bienes y servicios que posiblemente eleve en unos puntos la inflación (depende de la intensidad del consumo), pero también tendrá efectos positivos sobre las recaudaciones en un momento que la hacienda pública lo requiere; otros efectos positivos serían la reducción de la morosidad bancaria e incremento de la inversión privada y el ahorro, pues no todo el ingreso se consume.
La rentabilidad nominal de los fondos en cuentas de capitalización individual en los últimos 12 meses a julio de 2021 fue de 11.28%. Dado que el fondo es de RD$707,082.5 millones a julio, la rentabilidad acumulada anual se aproxima a RD$79,759 millones. Con estos recursos, podría el sistema darle salida a la demanda del 30%, dado que son fondos que reciben las AFPs por rendimiento de la inversión realizada, lo que no tocaría el patrimonio acumulado de los afiliados. Habrá una pérdida por rentabilidad del fondo, pero el costo de oportunidad de un trabajador promedio de bajo salario desempleado es muy alto de mantenerlo hasta esperar su retiro. El complemento de RD$132,366 millones faltantes debe hacerse a través de una recompra de títulos y bonos por parte del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, en la proporción que afecte lo menos posible las finanzas públicas.
El retiro del 30% de las AFP no resolverá el problema estructural de la seguridad social en República Dominicana. Por lo tanto, se requiere de una reforma de fondo, que elimine las AFP y ARS, como intermediarios que no protegen ni promueven la solidaridad propia de todo sistema de seguridad social. Se trata, con lo del 30%, de un soporte coyuntural para los 192,491 desempleados que según datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo aun no han recuperado su empleo. Ante la ausencia de prestaciones por desempleo, el retiro del apoyo gubernamental a los desempleados y debido a que más de 47% de los trabajadores, según la OIT, no cuenta con al menos una prestación de protección social en el país, se requiere de un apoyo financiero contingente del patrimonio acumulado: esta medida en lugar de afectar la economía la beneficiaría.
Por último, el relato de la hecatombe económica no tiene base técnica. Se hace creer con argumentos pseudo economicistas que la medida arruinará al trabajador, cuando la real intención es proteger y servir a los poderosos intereses de las AFP, afectando con ello el bienestar y el progreso del pueblo dominicano. No caeremos en la trampa y en la falsa argumentación. Los fondos son de sus dueños, de quienes lo han trabajado y acumulado en años.
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