En esta entrega solo nos limitaremos a enunciar las razones, que a nuestro juicio, incidieron para que el señor Presidente de la República Luis Abinader Corona dejara sin efecto la aplicación de la reforma fiscal, en un momento de grandes turbulencias mundiales.
Una reforma fiscal implica la revisión total de la estructura tributaria del país, no debe ser solamente para crear más impuestos. Esta debe ser justa e integral, es decir, para corregir todas las distorsiones existentes en el sistema impositivo; eliminar y disminuir aquellos impuestos que son improcedentes y que resultan lesivos para los sectores más vulnerables.
También, para crear nuevas fuentes de ingresos, siempre que no afecten a las clases vulnerables, pero sobre todo, para mejorar la calidad del gasto público, pues no tendría sentido crear más impuestos si no se aplica un plan de austeridad, si continuamos echando por las bordas los recursos públicos en cosas improductivas y superfluas.
El señor Presidente de la República, de manera muy atinada y precavida dejó sin efecto la aplicación de la Reforma Fiscal que estaba contemplada para entrar en vigor el próximo año. Dicha reforma está incluida en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, de acuerdo a la Ley 1-12.
Las razones que prevalecieron para que la misma se dejara sin efecto, se debieron a que no era aconsejable ni prudente su aplicación en estos momentos, en que nuestro país atraviesa por una gran crisis económica y sanitaria (Covid-19); el aumento del petróleo y de los commodities a nivel internacional, lo que ha generado un incremento de todos los combustibles, de la materia prima para la fabricación de los alimentos, de los medicamentos, los materiales de construcción a precios nunca visto, así como el costo de los fletes marítimos.
El Presidente está consciente de que el gobierno requiere aumentar sus recaudaciones para poder cumplir con sus obligaciones y compromisos políticos, pero también reconoce que aplicar una reforma fiscal en estos momentos de crisis iba a generar grandes tensiones y un clima de inestabilidad económica, política y social, tal como ocurrió en Colombia y en Chile.
Nunca como ahora se ha hecho tan difícil la tarea de gobernar a este país, por lo que aprobar una reforma fiscal tal como estaba concebida, es como echarle más leña a una hoguera, pues la creación de más impuestos produciría una gran indignación en la población, por los privilegios, exoneraciones, exenciones existentes, así como las inversiones de empresarios y funcionarios en paraísos fiscales.
Los propios empresarios aconsejaron al señor Presidente que el momento no era aconsejable ni adecuado para aplicar la misma, pues una nueva reforma debe afectar los intereses de todos los sectores y ninguno está dispuesto a ceder.
La mayoría de los senadores de las distintas bancadas, a manera de chantaje, amenazaron con eliminar todas las exenciones y exoneraciones a los empresarios, a las personas físicas y jurídicas si a ellos se les eliminaban el barrilito y las exoneraciones de vehículos, por lo que el Presidente entendió que el momento no era oportuno para aprobar una reforma.
Las reformas fiscales, en gran medida, solo han contribuido para hacer más ricos a los poderosos y más pobres a los sectores marginados; la misma debe ser muy bien analizada, ponderada, discutida y consensuada por todos los sectores económicos, políticos, sociales y gremiales.
Aunque fue dejada sin efecto, se deben ir corrigiendo todas aquellas distorsiones e irregularidades existentes en el sistema tributario, como es la gran evasión en el pago de los impuestos recaudados, la cual asciende a un 40%, según informaciones de los propios técnicos de la Dirección General de Impuestos Internos.
De la aplicación de una correcta reforma fiscal dependerán las reformas a la Policía Nacional, al sistema judicial y de otras que es urgente su implementación. Ojalá que así sea.
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