El ex-presidente Leonel Fernández ha dicho que la corrupción se lleva cada año más de 30 mil millones de pesos.
La ex-presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte (fallecida) calculó que con lo robado a través de acciones de corrupción se pueden construir dos Repúblicas Dominicanas.
Ahora que el gobierno del Presidente Luis Abinader contrató a 35 abogados para recuperar el patrimonio público que se encuentre en manos de terceros como resultado de acciones dolosas, comienzan a crearse las condiciones para que se pague la deuda externa del país con los recursos que se recuperen de la corrupción.
El martes 7 de diciembre de este año que termina, el Estado Dominicano se constituyó en actor civil para reclamar una indemnización por 24 mil millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados por los involucrados en la apresada red de la Operación Antipulpo.
Miriam Germán Brito, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho encabezan el Ministerio Público de la actual administración del Estado Dominicano que investiga actos de corrupción del gobierno que presidió Danilo Medina. Ojalá trabajen los 500 expedientes de corrupción que dijo doña Miriam reposan en la procuraduría. Creemos que con menos de la mitad se paga la deuda externa del país. Lo ideal y justo es que los actos de corrupción de los gobiernos anteriores sean activados y llevados a los tribunales.
Al pago de la deuda externa deben destinarse también los 1,900 millones de dólares que dijo el Presidente Abinader se ahorrará el Estado Dominicano al ponerle fin al llamado peaje sombra.
Bien pudiera el Primer Mandatario promover la creación de una ley que garantice “al pago de la Deuda Externa los recursos que se recuperen de los actos de corrupción contra el Erario”.
Aunque existen la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión y la 06-06 sobre Crédito Público, la Ley que destine al pago de la deuda externa los recursos recuperados de actos de corrupción, otorgaría institucionalidad a los esfuerzos de cualquier gobierno dirigidos a recuperar lo sustraído del patrimonio público.
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