Cada día crece el coro de voces que reclama ajustar el Código Procesal Penal a la realidad del país.
Si bien es cierto que sorprenden la variedad, frecuencia y técnicas que aplican los delincuentes en la ejecución de sus repudiables actos, cierto es que asombran la facilidad y cantidad con que la justicia liberta a esos individuos.
En estos tiempos se han hecho frecuentes los linchamientos. Son espectáculos verdaderamente macabros ver una turba de personas descargar su furia sobre un individuo que debió pagar en prisión su culpa por el o los hechos cometidos.
Y es que la sociedad se siente indefensa e impotente ante la delincuencia criminal que se ha apoderado de las calles y se incrementa cada día.
El tema preocupa con el agravante de que la mayoría de las personas en conflicto con la ley son jóvenes o muy jóvenes.
Para la sociedad constituye una derrota que adolescentes y muchachos en su primera juventud abandonen la escuela para dedicarse a delinquir ya que luego no dejarán esa práctica por una actividad laboral honesta bien pagada.
Aunque es al Estado que corresponde evitar, controlar o erradicar la delincuencia, sus instituciones encargadas de perseguir y castigarla no se ponen de acuerdo.
La Policía afirma que apresa y somete los delincuentes a la justicia, pero los hechos demuestran que esta liberta más que a los que condena.
¿Frente a esta agobiante realidad qué puede hacer la sociedad, cuales expectativas tiene?
Necesariamente las expectativas tienen que sustentarse en la inversión social del Estado.
Es importátisimo para el futuro del país que el Estado Dominicano aplique y mantenga el 4% a la educación.
La tanda extendida en las escuelas está llamada a frenar y a reducir la delincuencia a mediano plazo, pues alimentar y mantener a los niños y adolescentes más tiempo en los recintos escolares le restará sus candidatos y actores.
Eso sí, las aulas y los espacios aprovechables de los recintos tienen que estar en sintonía, de manera que se combinen teoría y práctica para formar ciudadanos con habilidades y destrezas.
Mientras tanto la sociedad tiene que organizarse y reactivar sus juntas de vecinos para formar murallas humanas de solidaridad y apoyo contra los delincuentes. Es decir, que se brinden asistencia de forma recíproca en la vigilancia de sus residencia y del sector donde viven. Así podrían colaborar con las autoridades a enfrentar a quienes se dedican a delinquir como práctica cotidiana de su modo de vida.
En Michoacán, México, la población civil ha tenido que formar grupos armados o autodefensas para enfrentar a los delincuentes.
Ojalá no haya que hacer lo mismo en República Dominicana.
