La orden de arresto contra el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón y algunos funcionarios ha tenido en la población de San Francisco de Macorís el impacto que tuvo en el país la persecución del gobierno del doctor Joaquín Balaguer contra el expresidente Salvador Jorge Blanco quien fue sentenciado por alegada corrupción a 20 años de cárcel.
La experiencia enseñó que ninguna persona, sin importancia de su jerarquía social, económica o política está libre de responder por sus actos ante los tribunales de la justicia.
Años antes el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, renunció de su alta posición como consecuencia del escándalo político Watergate.
En estos momentos el alcalde Rodríguez Grullón y cercanos colaboradores inician un proceso durante el cual deberá dar cuenta de sus actos ante la justicia.
Alcalde de San Francisco de Macorís desde el año 2002, Rodríguez Grullón ha manejado miles de millones de pesos, cuya pulcritud y transparencia siempre ha defendido.
Sin dudas que ahora podrá demostrar y defender esa pulcritud ante la justicia que está apoderada de un voluminoso expediente preparado en base a la investigación de cuatro años a su administración 2007-2011 realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
En el expediente las autoridades del Ministerio Público acusan al alcalde Rodríguez Grullón de desfalcar con unos 100 millones de pesos al Ayuntamiento que administra desde el año 2002.
Le acusan de falsedad de documentos, prevaricación, desfalco, concusión, abuso de confianza y asociación de malhechores.
Él mismo denunció y ha venido demandando el esclarecimiento y que se haga justicia en el caso del fraude millonario cometido en la institución a través de la nómina electrónica.
Constituye un hecho positivo que las autoridades judiciales hayan decidido atender los reclamos de la población de establecer responsabilidades y hacer justicia alrededor de todo lo que ha venido ocurriendo en el Ayuntamiento Municipal desde hace más de 10 años.
Y es una lección que deben aprender y aplicar quienes manejan recursos públicos tal como lo establecen las leyes y normas de la administración Estado Dominicano.
