La población francomacorisana está movilizada.

A media mañana del miércoles 12 de marzo numerosas organizaciones realizaron  una movilización denominada «Marcha del bocinazo contra el malletazo».

Era la reacción de las agrupaciones a lo que consideran «medidas de coerción insuficientes y benignas» que dictó el juez Aníbal Medrano al alcalde Félix Rodríguez y a otras dos personas que son acusadas por el Ministerio Público de desfalco por 100 millones de pesos contra el Ayuntamiento Municipal.

Por más de tres años los sectores organizados han venido reclamando prisión y expropiación de bienes a los responsables de la estafa millonaria a la corporación edilicia.

La acusación contra el alcalde Félix Rodríguez, incluye a la tesorera Fiordaliza Genao y al ex encargado de nómina Gerson Lizardo.

Las medidas de coerción que las organizaciones estiman insuficientes y benignas son, para el alcalde Rodríguez, 5 millones de pesos como garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país; al exencargado de nóminas Lizardo 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida, y a la tesorera Genao 200 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida.

Este caso, sin precedentes en la historia municipal de San Francisco de Macorís, se ha convertido en cátedra abierta e interactiva. Sobre él la población discute, debate y juzga a través de los medios electrónicos de comunicación y en diferentes lugares públicos.

Si bien un principio del derecho penal establece que a toda persona que es acusada  de un hecho se le presume inocente,  en uso de la libertad de expresión los ciudadanos que participan en los debates y análisis terminan acusando y condenando a Rodríguez, a Genao y a Lizardo quienes alegan y defienden su inocencia.

Al calor de la pasión de los debates de estos días al juez Medrano también le juzgan. Sin embargo personas que conocen de la integridad del magistrado y abogados que saben de su capacidad profesional, de forma unánime afirman que la medida de coerción que impuso está apegada a la ley, que su decisión es correcta.

No obstante, otros abogados y ciudadanos vinculados a los asuntos judiciales estiman que el magistrado disponía de diferentes opciones porque las que les  impuso son una especie de premio ante la gravedad de la acusación.

Sobre el tema en esta misma página publicamos la opinión de la En carta pública a medios de comunicación jueces defienden a Aníbal Medrano Mejía y  explica la función de Medrano como juez.

EL JAYA entiende que si bien el juez Medrano actuó apegado a la ley y no se cuestiona su probidad, hay que comprender los planteamientos de quienes la cuestionan.

A la luz de la reacción de esos sectores sociales están sorprendidos, frustrados e indignados porque entendían que por la gravedad de las acusaciones del Ministerio Público, les impondría a los imputados medidas de coerción privativas de libertad o más severas.

En carta pública a medios de comunicación jueces defienden a Aníbal Medrano Mejía