Insólita y brutal
Es la calificación que nos parece apropiada para referirnos a la escandalosa insubordinación de la policía al mando del general Miguel de la Cruz Reyna y sus tropas, ante la autoridad judicial.
El jueves 05 de julio de 2012 es un día histórico en los anales de la relación jurídico-policial.
Creemos que esa reprochable actuación constituye un campanazo de alerta de situaciones peores que pueden ocurrir en el porvenir.
No se concibe que un oficial académico y de carrera permita o asuma la responsabilidad de una actuación tan grave como la de llevarse a la fuerza un policía preso que estaba bajo el dominio de la autoridad judicial.
El país tiene un régimen civil, lo que significa que las fuerzas armadas y la policía deben obediencia a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Este desacertado comportamiento policial justifica el reclamo de que se acelere el proceso de reforma de la policía.
En ese proceso de reforma tiene que ponderarse cuál es el sistema de policía que conviene al país: el Anglosajón o el Napoleónico.
En el anglosajón el 80 porciento de la fuerza policial es de caracter privado a cargo de empresas que venden al Estado el servicio de orden y persecución del delito.
Esas empresas aplican rigurosos criterios de selección de personal al cual capacitan de forma contínua y pagan buenos sueldos a las personas que envían a las calles en calidad de agentes de policía.
A la luz de la realidad que vive el país, el actual sistema policial napoleónico o hispánico que opera resulta ineficiente, corrupto, anárquico y costoso para el Estado.
En el sistema vigente ingresan al cuerpo policial personas de escasos niveles de educación. Luego de recibir el entrenamiento de rigor, con bajos salarios son enviados a prestar servicios, pero en la medida que acumulan experiencias en las calles, la mayoría se da cuenta que lo más importe no es el sueldo, sino su condición de policía: uniforme gris y revolver.
Dada esa situación, desde hace mucho tiempo y ahora con inusitada frecuencia, más policías se involucran en hechos delictivos como sicariato, atracos, robos, asaltos y asociación de malhechores con civiles.
Esta deplorable realidad ha provocado que la población pierda la confianza a la policía al ver que muchos de los agentes participan en los hechos delincuenciales que deben combatir para lo cual les paga el Estado.
El sistema policial vigente es muy costoso al Estado y se comprueba que en la práctica, en el día a día es incapaz de mejorar la seguridad ciudadana. Además una enorme cantidad de agentes están asignados a servir como espalderos y choferes a oficiales en retiro, funcionarios del gobierno, empresarios y familias particulares.
En otras palabras el sistema vigente colapsó hace tiempo y se hace urgente que se establezca un nuevo perfil del agente que necesita el país en un esquema moderno, eficiente y confiable de policía.
