La educación es un derecho universal que tienen los ciudadanos, del cual el gobierno, como administrador del Estado, debe constituirse en garante.
Partiendo desde la definición conceptual sobre la palabra inducción, podemos establecer que la misma no es más que una forma de razonamiento, la cual consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de hechos o casos particulares, donde el facilitador orienta sobre la base de una necesidad a quien se encuentra acompañando.
Tomando en consideración esta realidad, deben surgirnos diversas incógnitas, dentro de las cuales no podemos ignorar la siguiente: ¿De qué manera se podrá llevar a cabo efectivamente la inducción docente fuera del aula, cuando el facilitador es desconocedor de la realidad y necesidades que pueda él mismo e incluso los estudiantes?
Actualmente, se ha generado un debate interesante sobre el proceso de inducción a los nuevos docentes del sistema educativo público de la República Dominicana. En tal sentido, el Ministerio de Educación solo ha tomado en cuenta la manera en la cual debe ser aplicado el referido programa, pero no la realidad misma de la escuela pública.
Si bien es cierto que la inducción docente está reglamentada en el artículo 29 literal A del Estatuto del Docente, no menos cierto es que ese mismo artículo refiere de manera explícita bajo cuales condiciones se obtiene la categoría. Se cita a continuación.
“El personal docente activo podrá estar como permanente o interino”.
A) “El personal permanente será el que ingrese al Sistema Educativo como titular mediante los mecanismos de selección establecidos en el presente Reglamento, y gozará de estabilidad en el ejercicio de sus labores luego de un período de prueba de un año, previa evaluación al término, salvo violación a las leyes, normas éticas y morales, y demás disposiciones establecidas en el presente Reglamento. Si cumplido el año del período de prueba, no se hubiera realizado la evaluación, el docente adquiere la condición de permanente automáticamente”.
Haciendo valoraciones y tomando como referencia lo establecido en el estatuto del docente, el Ministerio de Educación no es poseedor de calidad jurídica para obligar a los docentes de nuevo ingreso a que se integren al proceso de inducción, ya que una parte considerable de estos maestros ingresaron al sistema en el mes de marzo y nos encontramos a escasos meses de que perima el tiempo que establece el Estatuto del Docente, y no se haya desarrollado de manera completa lo que refiere la primera oración del párrafo anterior.
Otro elemento para tomar en consideración es el siguiente: se puede identificar una cantidad de docentes de nuevo ingreso que se encuentran en el proceso de formación personal, cursando diplomados, especialidad, o maestría, realidad esta que imposibilita sobre manera la integración de estos docentes a la llamada inducción. Además, debemos observar que dentro de los mismos existen algunos que no solo se dedican a la actividad docente, sino más bien, que dependen de otras actividades económicas como recurso que le puede garantizar mayor estabilidad monetaria.
En el entendido de que solo con la formación y capacitación de manera constante y permanente podemos construir una mejor sociedad desde las aulas, debemos motivar en todo momento a la misma. Todo docente debe buscar los medios necesarios para adquirir nuevos conocimientos. Ahora bien, la manera en la cual el Ministerio de Educación intenta llevar este proceso es antipedagógico, ya que sería saturar a los participantes de información después de estos haber agotado un promedio de 8 horas de labor docente dentro de un centro educativo.
La realidad expuesta anteriormente nos obliga a tratar de identificar cuál es la verdad que se esconde detrás de la llamada “inducción docente”, ya que por la forma en la cual se pretende desarrollar la misma, carece de rigor científico y pedagógico, al menos que esto solo sea para cumplir con un procedimiento, o que sea una alternativa para redistribuir una cantidad considerable de recursos a los compañeros del partido y las universidades privadas.











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