Señores directores de medios, productores y conductores de programas:
Los tribunales dominicanos a diario resuelven conflictos en los que administran justicia en nombre de la República. Están llamados a resolver cada caso que genera la conflictividad social, garantizando los derechos de las personas, sin importar la naturaleza del conflicto, para consolidar la paz social y el desarrollo de la democracia dentro del marco del Estado de Derecho. Todas las decisiones dictadas por los jueces son actos públicos y como tales sometidos al escrutinio de todos. Sin embargo, los jueces no se legitiman en los poderes de mayoría; los jueces tienen un carácter contramayoritario y, a veces, pueden adoptar decisiones que, aun no sean del agrado de uno o de muchos sectores o, incluso frente a una mayoría aplastante, no por eso, han de constituir ni ser tenidas, necesariamente, como decisiones arbitrarias, injustas o infundadas. Lo que legitima la decisión judicial es su razonabilidad, la justicia que encierra en medio del conflicto y, su apego al ordenamiento jurídico. Como se ve, lo justo y lo correcto, no es necesariamente lo que siempre gusta a todos; mucho menos a los que, por no comprender ni aceptar la lógica del Derecho, se inscriben en lo que hoy se ha denominado el «populismo penal».
En San Francisco de Macorís en los últimos días se han producido diversas manifestaciones a raíz de una decisión adoptada contra el Alcalde municipal, en la que determinados medios han estimado que el juez debió adoptar prisión preventiva o arresto domiciliario en lugar de garantía económica, impedimento de salida del territorio de la República y visita periódica, como ha decidido, por decisión que bien o mal, fundamenta como le es exigible, en hecho y en Derecho.
Advertimos que desde algunos medios, no se vierten críticas al contenido y a los razonamientos de la sentencia como es deseable, objetivo y responsable, sino, a la persona del Juez que la ha librado. No se trata de hacer una defensa personal del Juez, que todo indica que no la necesita por su trayectoria personal y profesional y por los términos de la decisión adoptada, aun cuando es legítimo que se pueda disentir de los mismos, como es natural en una sociedad plural y democrática.
Opinamos que la discusión y la crítica no consistan en una pretensión de sustituir a las instituciones imponiendo el criterio de ciertos comunicadores ni de los grupos de presión, so pena de destruir la imagen de quien la adopta.
Si se pretende que un juez ha adoptado una decisión inadecuada, hay que aprovechar sus debilidades y destruirla por los medios que el derecho provee, incluyendo la crítica racional en todos los escenarios. Si se pretende que el juez ha hecho algo reprochable ante las leyes, accionar en su contra. Pero, las especulaciones y las críticas personales contra el Juez que actúa distinto a lo esperado o deseado por quien crítica, ni es honorable ni ayuda al fortalecimiento de las instituciones democráticas; pues, a menudo sólo alimenta la confusión y, envilece la conciencia colectiva.
Nos preocupa, particularmente, la violencia verbal que reiteradamente caracteriza este fenómeno en San Francisco de Macorís contra los jueces y, ante estas actuaciones es que expresamos nuestra profunda preocupación y llamamos a la reflexión no sólo a los conductores y productores de programas en los medios de comunicación, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas y a los distintos sectores organizados. Todo indica que bajo el enfoque de esos sectores, un juez sólo es bueno y honorable, mientras haga lo que a ellos les parezca apropiado. Hay que tener en cuenta que la justicia independiente e imparcial, es una garantía orgánica que el Estado y la sociedad deben promover y preservar como garantía de la democracia y del Estado de Derecho.
Los procesos judiciales no pueden ser enfocados como una historia de cuentos de hadas; como una historia de buenos y malos, sino, como una historia de conflictos en relación a ciudadanos que tienen derechos y cuyo respeto justifica la aplicación del poder sancionador del Estado. Ninguna sentencia sería justa, donde la presunción de culpabilidad sea el punto de partida, que es lo que se denomina “Linchamiento Mediático”.
En la sociedad actual lo expresado por Mostenquieu relativo a que “los jueces solo hablan por sentencia” ha perdido vigencia, ante esta realidad, la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, en nombre de los jueces y juezas que aglutina, expresa un llamado a la reflexión sobre estas formas de proceder en nombre de la democracia. Estima antidemocrático querer imponer criterios extra normativos al proceder de los jueces. No puede aspirarse a vivir en una sociedad segura y democrática, cuando los que llevan la información al pueblo, condicionan el proceder de todos a su particular manera de explicarse el mundo y la realidad. Una sentencia judicial, es el resultado de un debate oral, público y contradictorio realizado conforme a las reglas de juego que la Constitución y las leyes prescriben. Tiene la autoridad que la ley le confiere y, no se impone por la voluntad de los que juzgan, sino, por el imperio de la ley, sobre un juicio pretendido de verdad y de justicia. No puede ser legítimamente suplantada por la opinión de sector alguno, sino, por los caminos del Derecho.
Estamos convencidos que sin libertad de información ni de expresión, como sin una justicia independiente e imparcial no hay ni puede haber democracia; que un pueblo desinformado no es un pueblo libre y carece de un poder sustentable; que la desinformación puede mover a la muchedumbre, pero, jamás a los verdaderos ciudadanos, como seres libres y consientes.
Estamos claros y todos contestes en que los medios de comunicación y el pueblo, en sentido general, tienen el derecho al escrutinio; el derecho a la crítica y a realizar manifestaciones pacificas como vigilantes de la democracia. Sin embargo, exigimos que al criticar una sentencia judicial, se deba separar la realidad del Derecho, de las aspiraciones y meras percepciones de quien critica; que se respeten las reglas de la decencia y de la convivencia civilizada en un mundo plural y diverso, que sobrevive y avanza en correspondencia directa con la vigencia y fortaleza de sus instituciones. Ante todo, de los órganos de justicia y de los que hacen posible que los ciudadanos vivan como tales, llevando información veraz, completa y objetiva.
En una sociedad civilizada como puede entenderse hoy, los medios de comunicación cumplen una labor social; están gobernados por una idea de responsabilidad social que debe modular el afán por el «palo noticioso» o el «golpe publicitario» que acrecienta el rating a todo costo. Esa es más bien la idea del medio noticioso y de los centros de información en el liberalismo salvaje, pero no en el Estado social y democrático de Derecho, como aquel por el que hemos optado formalmente los dominicanos. Manipular los fenómenos sociales, mediante el estímulo deliberado y mal sano, no parece el fin del periodismo ético, sino, más bien, el perfil de una empresa que procura obtener beneficios particulares sin reparar en los medios. Es lamentable que esto ocurra en una comunidad como San Francisco de Macorís, cuna de brillantes comunicadores y en donde los radiodifusores tradicionales e incluso los pioneros de la televisión, han mantenido siempre real lealtad a los mejores intereses de la comunidad y, a sus valores, con absoluto respeto a las instituciones.
Los medios de comunicación, no deben manejarse como un coto privado, al servicio de meros intereses grupales. Hay que preservar el Estado de Derecho como uno de los valores más permanentes de nuestra organización social, jurídica y política, consientes de que sólo florece en la sociedad abierta dominada por el conocimiento y no por la manipulación y reproducción de la ignorancia.
Hacer uso de embestidas a la moral de los jueces/as que adoptan una decisión jurisdiccional, sólo se justifica, cuando se tengan los elementos probatorios, y mediante una acción disciplinaria, contra aquel o aquella de quien hubiere, al menos, sospecha fundada de haber incurrido en alguna falta moral o ética, de lo que, en este caso, no conocemos razones para hacerlo y, por tanto, si la hubiere, le invitamos a quien fuere a proceder. De lo contrario, los calificativos y desconsideraciones que se realicen contra los jueces, en el caso de referencia, debemos entender que constituyen actos que pretenden imponer voluntades sectoriales sobre los jueces, lo que consideramos un propósito inalcanzable por ser distante de la esencia de la función jurisdiccional. La presente comunicación, pretende llamar la atención al cumplimiento y sometimiento al orden constitucional; a poner nuestros afanes en la búsqueda incesante de la verdad y la justicia y no en su manipulación deliberada. Respetemos la verdad, la justicia y el honor, valores sin los cuales la civilización a que aspiramos desfallece y muere.
Dejemos actuar a la justicia, sin renunciar jamás a la necesaria y útil crítica de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Pero, hagámoslo con decoro, sin abusos ni atropellos, comprometidos con la verdad y la justicia y respetuosos siempre de la dignidad de todos los seres humanos, a la que no renuncian los que detentan funciones públicas, aunque deban tolerar en mayor medida la injerencia de todos, en lo que hacen. Aspiramos a un escenario en donde la prensa actúe siempre con libertad y compromiso con la verdad, tanto, como la justicia que soñamos y por la que luchamos cada día.
Por la Asociación de Jueces y Juezas Independientes de la República Dominicana. (ASOJURD), firman,
YUDELKA A. VILLANUEVA; Presidenta; NANCY SALCEDO, Secretaria General; MARÍA GARABITO, Tesorera; RADHAR CORONADO ROMERO, Vocal; FEDERICO FERNÁNDEZ, Vocal y ALOIDES MATÍAS Vocal
