Como parte de las investigaciones en torno a la muerte de dos hombres por supuesta ingesta de bebida alcohólica adulterada, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), dispuso el jueves 23 de febrero el cierre de varios establecimientos en San Francisco Macorís, al tiempo que anunció que los propietarios de los mismos serán sometidos a la justicia en las próximas horas.
El director de la entidad, Eddy Alcántara, dijo que desde tempranas horas de la mañana brigadas de inspectores de la institución iniciaron un amplio operativo en el barrio La Javiela, del sector 27 de Febrero, de la provincia Duarte, donde se comercializaron las bebidas adulteradas que ocasionaron las muertes a Lorenzo Antonio Morillo Gómez, de 67 años, y Rafael Antonio Mercedes Hernández, de 55 años, quienes residían en la referida barriada.
El funcionario indicó que entre los colmados que fueron cerrados por la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, que también mantienen en estado de gravedad otras dos personas en el Hospital San Vicente de Paúl, de esa ciudad, se encuentran La Altagracia y La Azuquita, el primero ubicado en la calle A, próximo al puente de la Javiela, y el segundo, en la calle Duvergé número 8, del citado sector.
“Los responsables de estas muertes serán enviados a los tribunales de la República para que les caiga todo el peso de la ley”, agregó.
Alcántara informó que el operativo se extendió a otros sectores contiguos al lugar donde ocurrieron estos fallecimientos y se encontraron en otros establecimientos bebidas alcohólicas falsificadas en galones y embotelladas.
Explicó que el cierre de esos negocios será definitivo “hasta que los tribunales dispongan en torno a la investigación y las acciones en contra de los responsables de estos hechos”.
El titular de Pro Consumidor manifestó que estas muertes por alcohol adulterado generaron sorpresas para las autoridades de los diferentes órganos que tienen que velar por la no comercialización en la zona, “ya que se mantiene la vigilancia permanente para evitar la venta de estos productos que ponen en riesgo la salud de los consumidores”.
Advirtió que todo el que comercialice estos tipos de productos falsificados o adulterados será sometido a la acción de la justicia “y su comercio será clausurado de manera precautoria hasta que los tribunales de la República dispongan cualquier tipo de medida”.
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