Somos una verguenza ante la opinión pública nacional e internacional por actitudes, acciones culposas e incriminatorias de ciudadanos, políticos, sectores e instituciones, que se revierten moralmente y nos colocan en la lupa del cuestionamiento social y colectivo, en muchos casos violatorias a los más elementales principios, preceptos legales y constitucionales, pero en los parametros legítimos y legales para que hablar en términos institucionales o judiciales por debilidades criticas del sistema, sería como ladrar a la luna o como reza un viejo y sabio refrán popular, ‘Gastar pólvora en garzas», nuestra opinión para los sectores incurrentes en esos «yerros premeditados» e intencionales, no cuentan.
!Veguenza!, es lo que debe dar a todo ciudadano decente y serio de este país lo que acaba de hacer el Congreso Nacional que representan ambas Cámaras, Senadores y Diputados, con excepción de aquellos que se les puede considerar y llamar legisladores, que por sus posiciones responden a los intereses nacionales o de las provincias que representan, que anteponen sus intereses personales y políticos a los de la mayoría que confió electoralmente el poder de representación y no han defraudado a la ciudadanía votante, otros no, los que han sido un repetido fiasco al país y sus provincias, lo que recién cometieron un aberrante acto que los incriminará y juzgará ante el Tribunal de la historia e impondrá una sanción moral, extirpar de golpe y porrazos el párrafo 111 del Artículo 85 del Código Procesal Penal.
Se le ha faltado el respeto a la moral, a la dignidad nacional, a un país con sed de justicia, violado un derecho constitucional, el que los ciudadanos dominicanos, cualquier ciudadano pueda interponer una querella ante los Tribunales de la República contra cualquier funcionario público, no importa su posición o jerarquía en el desempeño de sus funciones, por la comisión de peculado, malversación de fondos u otro flagrante delito en perjuicio del Estado dominicano, que se trata de los fondos o dineros del pueblo, que no tiene otro calificativo llano y común que robo, corrupción, que es la hidra devastadora y traumática de los males sociales.
La corrupción es la única y principal causante de la extrema pobreza, injusticias, exclusión, marginación social, niveles de indigencia social, porque priva a los sectores deprimidos de la sociedad de sus esenciales derechos como son la salud, alimentación, vivienda, un salario justo y decente, falta de empleos y oportunidades a la juventud dominicana en un alto porcentaje, e impide el desarrollo, bien común y bienestar de los pueblos, es por ello que la corrupción, corruptos y corruptores no les permite avanzar, son sus enemigos, más aún cuando tienen como escudo protector para sus «travesuras», «bellaquerías», fechorías y no sabemos cuantos adjetivos merecidos como una descarga moral y emocional ante este fenómeno desestabilizador y catastrófico.
El ex-Procurador General de la República Radhamés Jímenez es de los que se ha pronunciado y defendido tan irritante y deleznable acción legislativa, antidemocrática e inconstitucional que se inscribe dentro de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos dominicanos, con el argumento insostenible de que ese párrafo y artículo de nuestro Código Procesal Penal es un recurso que se presta al chantaje y extorsión de cualquier ciudadano contra un funcionario público como retaliación por diferencias personales o para obtener beneficios económicos, podría ser en algunos casos, no lo dudamos, pero no por ello se les puede privar de ese derecho a los ciudadanos constitucionalmente dentro de un sistema democrático y estado de derecho, además que para eso existe el Ministerio Público que debe ser el órgano receptor de toda querella, en que el querellante debe sustentar los motivos, aportar las pruebas aplicando la máximo latina al derecho, ACTORE INCUMBE PROBATIO, el Ministerio Público investigar, estudiar el expediente, establecer responsabilidades o no, remitir el expediente al tribunal competente para su conocimiento, y que sea un Juez o Jueces si se trata de un tribunal colegiado, quien avale los hechos, pronuncie y decida sobre el caso o expediente que le sea sometido, fallando a la luz de los principios procedimentales y derecho.
Senadores y Diputados, la mayoría, porque tenía que haber mayoría para consensuar y establecer el quorum reglamentario, salvo pocas excepciones, parieron ese adefesio jurídico con la anulación de un recurso o derecho que comprometía o ponía en aprietos y entredicho la conducta de cualquier funcionario público, un traje a la medida como sello gomígrafo a la corrupción para su impunidad, algo que los delata y retrata al desnudo ante la sociedad y la nación dominicana, por tanto inadmisible e insólito, y que ningún ciudadano honesto, que se respete a si mismo, o la ciudadanía colectivamente tiene el derecho de pronunciarse y repudiar virilmente por tratarse de un precedente funesto en términos éticos y morales, de transparencia en el uso de los recursos públicos. ¿EN QUE PAIS ESTAMOS?.
El autor es abogado, periodista, historiador y escritor.
luisnazario28@hotmail.com











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