Luego de la gran crisis que vivieron los países latinoamericanos en la década de los años 1980, que se originó, por un lado en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que buscaban desarrollar la industria nacional amparado en incentivos fiscales, sobre todo mediante la exoneración de maquinarias, materias primas y productos intermedios, que en la República Dominicana se amparó en la Ley 299 de Incentivo Industrial; por otro lado como factor que influyó en la crisis fue el aumento desproporcionado en los precios de los derivados del petróleo desde principios de la década de los años 1970.
Estos acontecimientos derivaron en un fuerte crecimiento de la deuda externa, lo que forzó a los diversos países a someterse a rigurosos ajustes económicos recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Acompañados con estos ajustes para el pago de la deuda el FMI, incorporó como parte de la receta las reformas tanto en el orden fiscal, monetario y cambiario, así como un proceso de privatización de las empresas públicas, buscando con todas estas medidas en primer lugar el equilibrio de la balanza de pagos, las finanzas públicas y por otro lado controlar el proceso inflacionario derivado de la crisis.
A principios de los años 1990 se inicia un proceso de lo que denomina reformas estructurales de las economías latinoamericanas, inspirado en lo que se denominó Consenso de Washington que no es más que un paquete de medidas propuestas inicialmente por el enomista John Williamson y aprobadas por los siete países más ricos del mundo o mejor conocidos como los G-7.
Es cierto que mediante este proceso de reformas se logró en los países Latinoamericanos controlar la inflación, mejorar los desequilibrios tanto en balanza de pagos, como de las finanzas públicas y esto se incorporaron las propuestas de liberalización de los mercados, que ya venía siendo impulsado desde el GATT y que con la formación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se logra comprometer a todos los países miembros de este nuevo organismo multilateral a comenzar a abrir las fronteras comerciales de sus países mediante el desmonte de los impuestos de aduanas o aranceles, aunque en cierta medida quedó pendiente la reducción de los subsidios que tanto Estados Unidos como Europa le dan a su agricultura.
A propósito de reformas, estuve participando del 21 al 23 de septiembre en México en el IX Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe, donde por cierto el tema principal que se discutió allí fue sobre las reformas estructurales en América Latina, que aunque en sentido general los panelistas reconocieron que estas reformas tuvieron resultados positivos a nivel macroeconómico en el momento que se aplicaron, sin embargo no han podido mantenerse de forma sostenida en el tiempo; que aunque hubo progreso desde el punto de vista del crecimiento económico en los últimos años; sin embargo, ya para finales de la década de los años noventa se evidenciaba una reducción en los nvieles de la economía, debido principalmente a la volatilidad de los mercados financieros y de los precios de las exportaciones de nuestros países basados en gran proporción en productos primarios (provenientes de la agropecuaria).
Las reformas estructurales no han dado respuestas adecuadas al aumento en la calidad de vida de la población, los niveles de productividad se mantienen estancados, no ha aumentado la competitividad de nuestros países con la apertura comercial, el Estado no se ha reformado adecuadamente, no ha aumentado de forma apreciable la calidad de las instituciones públicas para dar respuesta eficaces a las demandas de servicios públicos cada vez más crecientes de la población.
Lo más importante que se destaca en el proceso de reformas es que no se ha progresado en la lucha por la reducción de la pobreza, que es la principal meta de lo que se ha denominado los Objetivos del Milenio, esto se puede evidenciar a que en América Latina habitan 226 millones de pobres, de los cuales 96 millones se encuentran en situación de pobreza extrema.
Aunque se manifiesta una mejoría en los niveles de crecimiento para el año 2004, producto de la debilidad institucional, la corrupción en el Estado y la inestabilidad de los ingresos por exportaciones, se plantea cambios sustanciales en el desempeño económico que garantice sostenibilidad del crecimiento y que este comportamiento de la macroeconomía impacte, a través de un mecanismo redistributivo efectivo, en la reducción de los niveles de pobreza.
El autor es Economista y profesor universitario.
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