La Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento de San Francisco de Macorís, en su labor diaria, ha estado recurriendo en Casación, por ante la Honorable Suprema Corte de Justicia, todas aquellas decisiones emitidas por la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, que les parecen contrarias a una interpretación ajustada al criterio correcto plasmado en la ley adjetiva, tal como es el derecho que nos consagra la normativa procesal penal. En ese sentido hemos estado recibiendo una serie de sentencias de la SCJ que plantean interpretaciones a la norma procesal y que son básicas para el ejercicio del derecho penal, para la practica docente y el comentario por expertos.
Hemos querido compartir estas decisiones para que ellas sirvan de insumo a toda la clase jurídica y que bien pueden, al mismo tiempo, ser parte de las herramientas a usar en la practica del día. Esa es la razón de ser de esta serie de artículos.
El Caso: El Segundo Tribunal Colegiado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Nagua, descargo de toda responsabilidad penal al imputado LAPB, acusado de violar la ley 50/88 (drogas y sustancias controladas) bajo el criterio de la ilicitud de las prueba basado en la interpretación de que el Allanamiento en que se encontró la droga, había sido otorgado a un miembro del ministerio publico y el mismo fue realizado por otro, que no era el que constaba en dicha acta. La Corte de Apelación ratificó dicha decisión sobre los mismos alegatos y dijo: “el representante del Ministerio Público autorizado por el Juez para realizar un acto de allanamiento, no puede ser sustituido por otro, sin previa y expresa autorización judicial…”
Recurrida en Casación la decisión comentada, la SCJ analizando en derecho el escrito depositado al efecto por el Procurador Adjunto Felipe Restituyo Santos, admite el razonamiento de que, la ley orgánica del MP pone a cargo de la función de Ministerio Público bajo el principio de indivisibilidad y unidad que dispone el Art. 89 del CPP, la representación única de la institución por cualquier ministerio publico en el ejercicio de sus funciones, y ha fallado:
“Considerando, que del examen del referido articulo 89 del Código Procesal Penal se deriva que la Corte a-qua, ha hecho una incorrecta aplicación del mismo toda vez que el referido articulo expresa textualmente: “El Ministerio Público es único e indivisible. Cada uno de sus funcionarios cuando actúa en un procedimiento, lo representa íntegramente”; de lo cual se desprende que en virtud de la indivisibilidad y unidad de este órgano estatal, al actuar uno de sus miembros en un procedimiento esta representando al mismo íntegramente, ya que cada uno de ellos no actúa en su propio nombre, sino en representación de la institución a la que pertenece; en tal virtud, la acción penal puede ser puesta en movimiento o ejercida por un miembro y continuada por otro, sea mediante la interposición de recurso o de la ejecución de una medida, como es la especie, en consecuencia procede acoger los alegatos del recurrente”.
Con la decisión que comentamos, la SCJ reconoce los principios de indivisibilidad y unidad del MP, principios que no solo recoge el CPP sino que también se encuentran establecidos en la Constitución de la República y que norma un carácter diferente de la institución u órgano de persecución penal.
El autor es abogado, Procurador General de Corte y Subdirector de la ENMP.











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