La República Dominicana ha vivido etapas que de un modo u otro han llevado a conformar un sistema social donde se mantiene un estado de paz, social nacional.
Hay factores que van contribuyendo con esta realidad los cuales deben ser valorados por los gobernantes: aumento de universidades, perdida de ideologías consolidadas, ignorancia del conocimiento de derechos constitucionales, políticos paternalistas, dádivas que crean conformismo, unidad de la oligarquía entre otros factores posibles: pero estos componentes ¿podrán seguir siendo elementos de perseverancia para mantenerlos en paz?; hoy la República Dominicana vive situaciones muy angustiantes fruto de una estructura sociopolítica que no corresponden a los intereses de la mayoría de los dominicanos.
Hoy tenemos: bajos salarios, violencia generalizada, inseguridad nacional, desempleos, insalubridad, costo elevados de todos los alimentos, aumentos constantes de los intereses bancarios para la adquisición de viviendas.
Nos desenvolvemos en una vorágine que de seguir este camino podría generar en un corto plazo un desbordamiento del estatus nacional, con consecuencias impredecibles. Estamos a la puerta de un certamen electoral el cual debe cumplir con todos los postulados legales que nos lleven a tener confianza de que lo que allí se derive, respondiendo a los intereses democráticos de nuestra nación.
Constituye este evento un momento esencial para que el pueblo dominicano elija autoridades que de un modo esencial den respuestas a puntos críticos que forman el componente ordinario de nuestra población.
Tenemos que estatuir en cada Distrito Municipal, en cada Municipio, en cada Provincia que componen nuestra geografía nacional, un compromiso social que sea llevado a los posibles elegidos como contrato social mediante el cual ellos expliquen: que harán como electos, cuales medios usaran para la aplicación de sus prácticas políticas, como nos aplicaran y en que la parte presupuestaria que le corresponda a nuestro presupuesto provincial.
Es por ello que soy de opinión, que, a través de los diversos organismos sociales, se vayan haciendo grupos para la elaboración de un congreso, en cada demarcación donde podamos establecer que este contrato social sea firmado con la población nacional sopena que su no cumplimiento lleve a las autoridades no cumplimentes a un juicio político que lo lleve si es necesario a su destitución, en virtud del no cumplimiento del contrato social suscrito entre los políticos y la sociedad.
LIC. PEDRO TIRADO PAREDES
Abogado
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