El reconocido hacendado de la ciudad de Santiago, don Antonio Guzmán Fernández, asumió la Presidencia de la República el 16 de Agosto del año 1978, dejando en el pasado los crímenes y otros hechos horrorosos del Gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer.
El nuevo gobernante ordenó de inmediato la libertad de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y dispuso de manera honrosa el derecho a reunirse y sindicalizarse. No se podía pedir más, tras 12 años de angustias y terror a manos de personeros al servicio del doctor Balaguer.
Pero no todo fue gloria, pues integrantes de la familia Guzmán y dirigentes del PRD de manera vergonzosa pillaron las arcas del Estado, tan así que don Antonio Guzmán la madrugada del 4 de Julio de 1982, preso de la vergüenza decidió suicidarse con un tiro en la cabeza en el despacho presidencial, llevándose a la tumba muchas verdades.
La doctora Laura Guerrero Pelletier, en su condición de jueza titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(PEPCA), presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra el alcalde municipal ingeniero Félix Rodríguez y otras tres personas, acusados de cometer irregularidades en el manejo de los fondos del Ayuntamiento, que superan los 400 millones de pesos.
Si en verdad el edil no se ha echado a los bolsillos ni siquiera un peso mal habido, la Corte Penal podría ser el lugar por excelencia para demostrar su alegada inocencia y con sus posibles afirmaciones en torno a quienes originaron el desfalco, decirle al mundo que don Antonio Guzmán Fernández cometió un graso error al suicidarse sin revelar los nombres y apellidos de los que descaradamente se adueñaron de los dineros del erario público.
Si la justicia quiere demostrar adhesión a las normas éticas, si está interesada en que haya sanciones contra los desfalcadores del Estado Dominicano, en este caso del Ayuntamiento de esta ciudad tiene una oportunidad de oro.
