Desde pequeños comenzamos a escuchar la expresión «oportunidad de oro», y según crecemos, vamos comprendiendo que nuestros mayores refieren con ella a ocasiones o coyunturas de carácter únicas en la vida de una persona, una familia, un conglomerado, un país y, hasta de la propia humanidad. Es cuando se ve llegar ese chance que generalmente es irrepetible y que hay que aprovecharlo. Es una combinación perfecta de momento y circunstancias adecuadas para obtener un logro realmente especial, único.
Partiendo de los resultados que han emanado de las diferentes auditorías realizadas a los Estados de Ejecución Presupuestaria de decenas ayuntamientos de municipios y de distritos municipales del país, efectuadas por la Cámara de Cuenta de la República, cuyos hallazgos revelan que los incumplimientos a disposiciones legales y contables, en cada caso, han provocado efectos distorsionantes importantes sobre los estados de ejecución presupuestaria de esos ayuntamientos municipales y distritos municipales, de las diferentes regiones del país.
Resultando éstas, pruebas de irrefutable valor en cada caso, para la demostración de delitos de corrupción: falsedad documental, prevaricación, desfalco, abuso de confianza y constituyendo asociación de malhechores en la generalidad de los casos, entre otros hechos ilícitos, todos tipificados en el Código Penal Dominicano por montos cuantiosos, millonarias sumas presuntamente distraídas en perjuicio del erario; fondos que eran destinados para la implementación de soluciones físicas y sociales de las localidades siniestradas y de todas sus gentes.
Al ver las elevadas estadísticas de los cabildos aparentemente afectados, hasta la fecha más de cuatro decenas; podríamos preguntarnos ahora que están de moda los términos epidemiológicos, cuál sería el vector de transmisión de ésta cuasi epidemia, o si habría algún contaminante que convierta a las administraciones municipales del país como el área más sensible a la corrupción pública, pues no hay duda de que son número uno.
Muchos estudiosos y expertos en nuestro país han optado por destacar entre los posibles factores fundamentales para la avalancha de escándalos en torno a las administraciones locales: primero, a la falta de valores de honestidad y transparencia en nuestros funcionarios ocupantes de esas importantes posiciones, muchas veces señalados para encabezar boletas en ese ámbito, por factores que nada tienen que ver con la claridad y pureza de sus hojas de vida; segundo, a la proliferación al paso de los años de los gobiernos locales, creando una gran cantidad de posibilidades para la aparición de funcionarios de pronósticos reservados.
Mas no es tema de este trabajo el análisis de los causales de esta extraña pandemia, lo que nos comprometemos abordar en una futura ocasión.
Ante el triste festival de estas auditorías reveladoras de grandes y profundas debilidades, que como hemos señalado está afectando un elevado número de gobiernos locales, en niveles que ha provocado la publica preocupación de las autoridades que aglutinan y asesoran a estas administraciones en República Dominicana. Consideramos que el país está en los próximos días ante una provechosa ocasión, para comenzar a implementar un cambio radical en ese ambiente de aparente corruptela, en que según estas experticias oficiales, se vive en muchas de nuestras administraciones locales.
Esta circunstancia única a que referimos será el próximo viernes 1ero de agosto de 2014, fecha para cuando ha sido convocada la Audiencia o Fase Preliminar de la acusación que la Procuraduría General de la República y otras instituciones, han presentado en contra del Alcalde de San Francisco de Macorís y tres personas más, imputados de cometer graves irregularidades en el manejo de los fondos públicos que superan los 400 millones de pesos.
Observemos en el análisis de esta particular acusación, varios detalles a destacar. Entre estos pormenores, en primer lugar sobresale el hecho que el monto usurpado del erario, resulta de manera evidente el más alto en cuanto a los casos de corrupción municipal en el país; además resalta como para no permitir pasar por alto, la categoría jerárquica del mayor imputado entre sus pares, los síndicos; pudiendo ello ser un motor para constituirse en el peor de los ejemplos a seguir, un verdadero jarabe para el apetito de esta clase, pues el acusado apenas hace dos años, ostentaba la más elevada posición de la municipalidad en el país, donde ocupó por varios años, la presidencia de la “Federación Dominicana de Municipios” FEDOMU.
Sin lugar a dudas, es éste un chance único para que nuestras autoridades emitan una señal clara, una verdadera alerta a los demás funcionarios edilicios débiles, que presentan tendencia a ser afectados por esta epidemia de antivalores, que pretenden seguir proliferando estas acciones corruptas, que hoy preocupan y perjudican a la gran mayoría de los dominicanos.
De pasar por alto esta coyuntura, el gobierno estaría enviando una pesarosa idea sobre la impunidad; estaría indicando que todo lo que hace esta únicamente marcado por la conveniencia política. Nos llevaría a hacernos entonces la pregunta; no existen situaciones límites en las cuales lo político debería ceder a la justicia? Acaso no existen realidades, la mayoría, en que lo conveniente es que se haga justicia? Acaso la conveniencia política no debe ser la excepción frente a la justicia?
Una pertinencia de carácter única para muchos; desde quienes tienen el sagrado encargo de administrar la justicia y todo el sistema penal en su conjunto, hasta el más encumbrado funcionario político, la primera magistratura del país, deben avocarse a la suma de esfuerzos para que estos engañosos no logren escapar de la justa sanción que implica tan brutal delito.
San Francisco de Macorís que ha padecido de forma directa los efectos de ésta burla, conoce por experiencia propia que el dinero que se consume en la corrupción deja de gastarse en los servicios públicos que debe proporcionar su gobierno local, ha sentido como esa corrupción rompe el tejido social pues disminuye la confianza de los ciudadanos en todo: en las instituciones, en el gobierno y entre ellos mismos. Ya ha visto con sus propios ojos como también afecta el nivel ético de la propia sociedad en su conjunto, pues en la medida en que la corrupción se generaliza, las consideraciones de la llamada ciencia de las costumbres se van perdiendo, trayendo como consecuencia que la corrupción se convierta en un hecho cotidiano para la ciudadanía.
Ese pueblo, que ha tolerado por años una situación difícil, hoy por vivencia, reconoce que la peor amenaza y vicio en una sociedad es la perversión de los valores, la ostentación, la trampa y la ganancia ilícita; entiende que es la hora de profundizar el ataque frontal a la corrupción que poco a poco nos arropa, momento de hacer una poda desde lo más alto hasta la raíz, es tiempo de parar ese flagelo y, por tanto confía en que no habrá posibilidad de que los que tienen el poder de impartir justicia descarten esta “oportunidad de oro.”











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