En las denominadas naciones desarrolladas, el dinero público es utilizado con un rígido control administrativo. Las normas y procedimientos se realizan en un estricto orden apegado a las leyes y procedimientos institucionadas.
No es común, ni es una cultura del país que se hable de la duplicidad de instituciones con las mismas responsabilidades.
Esa situación no forma parte de la estructura o conformación del Estado y mucho menos se puede pensar en el pago de personas que no cumplen o desempeñan una función específica.
Mucho menos, en las llamadas naciones industrializas, es decir donde impera la institucionalidad, el partido que gobierna y los de la oposición le son asignadas cuotas de empleos a sus integrantes que en la práctica no cumplen con ninguna función.
Los recursos públicos son distribuidos en áreas específicas. Esa situación es todo lo contrario, en las mocionadas no desarrolladas y en las que no impera la institucionalidad.
La República Dominicana, es un vivo ejemplo de la doble institucionalidad caracterizada por una elevada empleomanía que predomina en el Estado. Es normal el pago de un personal (botellas) que no desempeñan función alguna y esa mala práctica que le cuesta millones de pesos a los contribuyentes dominicano forma parte de la cultura del país.
Sin embargo, con la finalidad de corregir esa costumbre que se ha establecido por años entre los dominicanos, la administración gubernamental que encabeza el Presidente Luis Abinader Corona ha planteado la necesidad de unificar instituciones públicas como los Ministerios de Educación (Minerd) y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freud explica que la unificación tiene como finalidad “optimizar los recursos económicos y eficiencia en el gasto educativo, fortalecer la calidad educativa y reducir costos”.
El plan del gobierno dominicano también incluye la unificación de los ministerios de Hacienda y de Economía y el Ministerio Administrativo de la Presidencia será convertido en el Secretariado Administrativo bajo la Presidencia.
El Instituto Agrario Dominicano (AID) será absorbido por el Ministerio de Agricultura; el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria se integrará al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria.
Mientras que la Administradora de Subsidio Sociales (Adess) se fusionará con el programa Supérate; la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Fonvivienda y Familia Feliz, se fusionarán con el Ministerio de la Vivienda; y los Comedores Económicos se integrará con el Plan Presidencial Contra la Pobreza mejor conocido como Plan Social.
Además, el ambicioso plan del gobierno dominicano tiene planteado eliminar una serie de instituciones como: Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, el Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior (Condex), el Consejo Nacional de Población y Familia y la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria.
También, la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (Fodearte).
Las unificaciones y desaparición de instituciones, le permitirán al Estado dominicano ahorrarse según estimaciones económicas más de 25 mil millones de pesos (más de 400 millones de dólares) dinero que podrá ser usado en áreas sociales como educación, salud y obras de
infraestructura.
Una vez más, los congresistas (senadores y diputados) desde el Congreso Nacional Dominicano tendrán la oportunidad de defender los intereses de todos los dominicanos, incluidos los casi dos millones que residen en el exterior con la reestructuración que busca el gobierno dominicano de las instituciones públicas. Estaremos a la espera de que los congresistas actúen en forma correcta
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