La población dominicana está actualmente inmersa en el debate sobre la reforma o modernización fiscal. Esta discusión no es nueva; ya en 2012, el doctor Leonel Fernández, al finalizar su último período, planteó la necesidad de una reforma fiscal. Del mismo modo, el licenciado Danilo Medina, en su última gestión de gobierno, recomendó esta reforma, advirtiendo que el gobierno sucesor no encontraría los recursos necesarios para resolver las necesidades más básicas del Estado dominicano.
A pesar de estas advertencias de dos expresidentes que estaban a punto de dejar el poder, lamentamos que ni Fernández ni Medina hayan concretado la tan esperada reforma. En otras palabras, esta es una reforma postergada.
Por otro lado, si miramos hacia atrás, recordamos la reforma fiscal de 1992, promulgada por el doctor Joaquín Balaguer. A más de 30 años, esa reforma aún se considera un modelo a seguir, lo que pone en evidencia la importancia de diseñar un plan fiscal efectivo y duradero.
En la actualidad, el gobierno de Luis Abinader ha retomado este desafío. El lunes 7 de octubre, en LA Semanal, se anunció la “Ley de Modernización Fiscal”. Desde su presentación, el proyecto ha generado diversas críticas. Todos los sectores económicos han expresado su preocupación, evidenciando el impacto que podría tener esta iniciativa. En particular, los sectores del turismo, el cine y la industria han manifestado su inquietud ante la posible eliminación de algunas exenciones fiscales que los benefician.
Aún más preocupada está la clase media, que aparentemente va a cargar con el mayor peso de la reforma.
El Congreso Nacional convocará a todos los sectores del país a participar en las discusiones que se llevarán a cabo a partir del jueves 17 para consensuar el proyecto de reforma fiscal. Es fundamental que las autoridades se mantengan abiertas a escuchar y evaluar las opiniones de todos los sectores, ya que de estas decisiones depende el futuro del país.
Si bien la necesidad de una reforma es discutible para algunos, el Gobierno ha presentado sus argumentos, y es crucial que escuchemos a aquellos que podrían verse más afectados por estos cambios. Solo con un diálogo amplio y transparente podremos llegar a propuestas sensatas que beneficien a toda la nación.
Es imperativo que todas las voces sean escuchadas, pero también que se tomen decisiones responsables que aseguren la sostenibilidad fiscal y el bienestar de todos los dominicanos.
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