El presidente Luis Abinader, empeñado en dejar un legado de Estado, promovió en su primer gobierno una feroz lucha en contra de la corrupción, lo que trajo como resultado el sometimiento de varios exfuncionarios del gobierno pasado y del suyo, los cuales están pendientes de procesos judiciales.
El presidente ha promulgado una nueva constitución, permitiendo que los presidentes solo puedan ser electos por dos períodos y nunca jamás. Esto blinda la constitución y no permite la pasada vulnerabilidad de la misma en este sentido. Por otro lado, sometió el proyecto del código laboral y recientemente retiró el proyecto de modernización fiscal, producto de las críticas recibidas por varios sectores que adversaron el contenido del mismo.
Luis Abinader, en su afán por realizar una obra de gobierno diferente, ha querido proyectar una justicia independiente, descentralizar el Estado, fusionar entidades públicas y mejorar la credibilidad y la sostenibilidad del país a nivel nacional e internacional, por lo que ha emprendido una serie de reformas, con el objetivo, según su interpretación, de reducir los montos de presupuestos en entidades que, a su juicio tienen la misma naturaleza y funciones, lo que ahorraría dinero al Estado dominicano.
Coincidimos en muchos casos con el gobierno, pues algunas de estas entidades ya solo operan como empresas para albergar nómina pública, sin que sus funciones y alcances tengan un impacto importante fuera de lo señalado, tal es el caso del IAD y el Ministerio de Agricultura, los cuales funcionarían de forma perfecta ya que uno depende del otro, sin tierra y una buena planificación, no hay producción. Otro caso es El MEPYD y HACIENDA, ambos ministerios coordinan, planifican y desarrollan políticas públicas en favor de la economía dominicana, estos solo por citar algunos.
Si bien es cierto que este tema pudiera generar una discusión interesante por tener mérito y lógica, no menos cierto es que en algunos casos estas instituciones por su naturaleza no podrían ser vista como un elemento que, sin analizar su singularidad, dichas fusiones, acarearían peores males. Tal es el caso de los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación. Esto a simple vista no advierte un nivel alarmante de preocupación, sin embargo, dado que cada ministerio cumple una función muy específica y distinta, debería el presidente ser muy cauteloso al tratar de fundir estas dos instituciones en una única entidad. Pues esto podría trastornar el desarrollo de cada ministerio y retrocederíamos en cuanto avances y mejoras, tanto en uno como en el otro.
Al referirnos al caso del ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, existen consistentes argumentaciones que podrían de forma consciente discutirse, tras entender que su fusión con el Ministerio de Educación, pudiera arriesgar la autonomía que ha acompañado esta institución desde su fundación en el año 2001. En tal sentido, haciendo uso racional desde nuestra humilde óptica, nos atrevemos a citar algunas características que hacen únicas estas instituciones:
a) Un marco legal diferente: Ambos ministerios están regidos por marcos legales distintos. El MINERD se guía por la Ley General de Educación (Ley 66-97), mientras que el MESCyT se rige por la Ley 139-01. Una fusión requeriría cambios legislativos importantes y complicaría la implementación de políticas educativas específicas para cada nivel.
b) Naturaleza de las políticas públicas: La política educativa para los niveles preuniversitarios es muy diferente de la política para la educación superior.
c) Las necesidades de infraestructura, recursos humanos y financiamiento varían enormemente entre estos niveles.
d) El enfoque en investigación y desarrollo: El MESCyT se enfoca en promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico, vinculandose con las academias y el sector productivo. Este no es un aspecto central del MINERD, cuyo principal objetivo es la educación inicial, primaria y secundaria.
e) Complejidad operativa: Fusionar ambos ministerios aumentaría significativamente la carga operativa, lo que podría dificultar la implementación de políticas educativas y sobrecargar la capacidad de gestión del sistema educativo en su conjunto.
f) Sindicalización gremial: En ambos ministerios existen gremios sindicales, la ADP Y FAPROUASD, sin embargo, la ADP, ha mantenido una lucha continua por el control de las escuelas dominicanas y en ocasiones ha puesto de rodillas al MINERD, esta situación podría generar conflictos entre sindicatos o contribuiría en la formación de un bloque monopólico que cobraría aún más fortaleza, lo que podría limitar el accionar del nuevo ministerio de Educación.
g) Inequidad presupuestaria: actualmente el ministerio de educación administra un presupuesto muy sustancioso, llegando a la suma de 297,041.5 millones de pesos, no obstante, el MECYST administra solo 22,851 millones para garantizar la calidad del producto de egreso académico, liderar la investigación científica en todas las universidades del país, y manejar las inversiones de soportes al desarrollo de las IES, así como supervisar cada proceso, pensum y perfiles académicos en todas las entidades de educación superior.
En Conclusión, se apuesta a que el presidente Luis Abinader sabrá cómo sugerir un equipo que, con profesionalismo pueda diseñar con la mayor garantía está denominada fusión, no obstante, esto nos genera algunas inquietudes que en el devenir serán contestadas a la población, entre ellas: ¿Cuál ministerio se subordinaría en esta fisión? ¿Cómo se le nombraría? ¿Cuál de los dos ministros ocuparía la posición central? Entre otras tantas…
Discussion about this post