Compartimos las consideraciones del director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, ante el clamor ciudadano y el preocupante aumento de los accidentes de tránsito que han cobrado vidas y dejado familias enlutadas, y en respuesta al debate nacional impulsado por funcionarios y legisladores, quienes han propuesto reformas a la Ley 63-17 para hacerla más efectiva.
Estas son algunas de las medidas contenidas en un documento depositado ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con propuestas de modificación a la Ley 63-17.
Declaración de rebeldía: Instaurar un verdadero procedimiento de rebeldía para que quienes no paguen sus multas en el tiempo establecido sean declarados en rebeldía y puedan perder su licencia de conducir con la autorización de un Juez.
Extensión de la prescripción de infracciones: De 1 año a 5 años, para garantizar que las sanciones sean aplicadas con justicia.
Refuerzo de la fiscalización: Sanciones más severas para el transporte de carga con exceso de peso o dimensiones.
Retención de vehículos: Para quienes se estacionen mal o conduzcan bajo los efectos del alcohol, cubriendo además los gastos de remoción.
Habilitar a la Policía Nacional legalmente para que junto a la DIGESETT pueda realizar las pruebas de alcoholímetro y controles en horarios nocturnos, especialmente en zonas de expendio de bebidas, avenidas principales y centros turísticos.
Reducir los límites de velocidad en avenidas, calles, túneles y elevados, de acuerdo a estándares internacionales, con presencia 24/7 de patrullas.
Sancionar drásticamente las carreras clandestinas con penas privativas de libertad de 1 a 2 años para quienes participen en ellas.
Aumentar los recursos para que la DIGESETT pueda tener mayor presencia 24/7 en horarios nocturnos, días feriados y zonas de alta siniestralidad.
Imponer multas más estrictas a los motociclistas que no porten casco, licencia de conducir o tenga su documentación al día. ¡Sin excepciones!
Además, se propone que el no pago de multas impida la obtención de certificados de buena conducta, la renovación de licencias y del marbete, con el respaldo de la justicia para hacer estas sanciones obligatorias.
Estas declaraciones surgen en medio de un intenso debate nacional impulsado por funcionarios y legisladores, quienes han propuesto reformas a la Ley 63-17 para hacerla más efectiva.
Casos recientes que han conmocionado a la sociedad, como el de Aida Nicole, una joven cuya muerte generó una ola de indignación y reclamos por un régimen de consecuencias más severo, y el accidente en Las Yayas de Azua,, donde un camión cargado dejó 11 muertos y más de 30 heridos, han puesto en evidencia la necesidad de acciones inmediatas y contundentes.
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