Como se ha identificado en la Carta Magna: “toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales”. Siendo el Estado quien fija debe fijar las condiciones para el disfrute de este derecho humano. Lo hace mediante políticas públicas y promoción de planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. Así como, el acceso legal a la propiedad, con el otorgamiento de títulos, precisa el artículo 59 de nuestra máxima normativa.
En ese sentido, para su cumplimiento el Estado dominicano desarrolla planes y proyectos que permitan al 48.9 por ciento de la población desprovista de este derecho, obtenga una vivienda que eleve su nivel de vida al ofrecerle seguridad, como estipula la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Sin lugar a duda, una vivienda expresa el compromiso del Estado con sus ciudadanos, habla de equidad, acciones y programas sostenibles e inclusión. Muestra la estabilidad de una nación. Por eso, el país, hace esfuerzos profundos para proteger al 48.9 % de las familias que no tiene casa propia. La cifra citada, ha sido revelada por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2024.
Es una realidad que los alquileres evidencian vulnerabilidad poblacional, inseguridad y desprotección en cuanto al derecho a la dignidad. La problemática también es compartida con los demás países hermanos de América Latina y el Caribe, donde se cree que el déficit habitacional cuantitativo, es decir, viviendas que deben construirse, afecta a 23 millones de personas. Mientras que, el déficit cualitativo; viviendas por reparar, debido a deficiencias estructurales y de servicios básicos…, afecta a más de 46 millones de personas.
Según datos extraídos del Banco de Desarrollo.
Las carencias van de la mano con el nivel de ingreso de las personas, y estas contemplan sobrepoblación, hacinamiento…, entre otros aspectos. Por lo que, el BID considera que el 45% de los hogares de la región no tiene una vivienda digna. Es por ello que la República Dominicana desarrolla proyectos y normas, como la Ley 160-21, que creó el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), establece políticas, programas de vivienda, hábitat y asentamientos humanos.
La Ley 189-11 sobre figuras jurídicas para desarrollar el mercado hipotecario y el Fideicomiso, que además, canaliza recursos de ahorro para financiar viviendas, construcciones y promueve proyectos habitacionales, especialmente de bajo costo.
Asimismo, la Ley 339 que estableció que las viviendas construidas por el Estado son bienes de familia. De igual forma, Ley 5892, creó el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). La Ley 195-19, Viviendas de Bajo Costo, que exenta del pago del impuesto de transferencia para el traspaso de bienes inmuebles a las personas que acrediten que son beneficiarias del INVI. La Ley 5038 Sobre Condominios, entre otras regulaciones y actividades, con las que, mitiga esta situación y salvaguarda el derecho fundamental a la vivienda.
Es una dificultad compartida, como se ha reiterado. En Europa el 70% de los residentes son propietarios de sus viviendas, el 30% vive en viviendas alquiladas. Solo en Suiza y Alemania, más de la mitad de la población vive de alquiler. Mientras, en Estados Unidos, en el 2024, el 65,7% de las personas eran propietarias de una vivienda. A tenor de Advisor Perspectives.
“Más de la mitad de los millennials estadounidenses viven en su propia casa. El 48% de los hispanos en Estados Unidos tienen vivienda propia. La tasa de propiedad de vivienda entre los latinos sigue subiendo y alcanza un récord de 51%. El precio medio de las viviendas rondaba los $400,000 USD en 2023”.
De manera que, la exhortación es enfrentar juntos este desafío; identificar derechos humanos, como el acceso a vivienda y demandarlos con conciencia y espíritu cívico. Procurar reconocer los planes nacionales de vivienda como Familia Feliz, Mi Vivienda, ejecutados por el Estado mediante sus instituciones, entre ellas, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), en el que además, se ofrece subsidios a familias de diferentes estratos socioeconómicos. Una vivienda es una inversión de bienestar, de calidad de vida y felicidad.
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