«Jet Set» es un término que describe a un grupo social de élite, compuesto por personas adineradas que frecuentan lugares exclusivos y de moda. En la República Dominicana, ese nombre también identifica una famosa discoteca de Santo Domingo que organiza fiestas emblemáticas los lunes, quizás para atraer a una clientela de alto consumo y menos atada a horarios laborales estrictos.
Lo que debió ser un espacio de esparcimiento y lujo, se transformó en un escenario de muerte evitable. Tras un incendio ocurrido en 2023, en vez de demoler la estructura comprometida y levantar una nueva edificación con criterios modernos de seguridad estructural, se optó por un simple maquillaje arquitectónico. Este acto de irresponsabilidad técnica y económica condenó a la tragedia a decenas de personas. El colapso total del techo, agravado por la sobrecarga de equipos como plantas eléctricas y aires acondicionados industriales, revela una cadena de negligencias: del propietario, de los profesionales que no intervinieron adecuadamente, y de las autoridades que omitieron su deber de supervisión.
No hace falta ser un físico ni un ingeniero estructural para comprender que una estructura que ha sufrido un incendio debe ser sometida a rigurosos estudios técnicos antes de su reutilización. Mucho menos se debe permitir añadirle cargas adicionales sin reforzar su resistencia. La resonancia de la música, la vibración de la danza y el peso acumulado en la azotea solo aceleraron lo que ya era inevitable. Aquí hubo omisiones graves, permisividad interesada, ausencia de control técnico, y una muestra más del secuestro institucional de los entes y órganos reguladores por los sectores regulados.
Esta es la cara más dolorosa de la corrupción: cuando deja de ser simplemente un robo al erario y se convierte en homicidio culposo. No se trata solo de impunidad comprada con dinero. Se trata de la ruina de familias, del dolor irreparable, y de una sociedad que se resigna a ver morir a sus ciudadanos por la desidia de quienes debieron protegerlos. Es hora de rescatar el valor de la vida humana por encima del lucro, de la comodidad y de la complicidad.
PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL
Se hace urgente introducir en el Código Penal Dominicano una figura específica que tipifique el homicidio culposo por negligencia técnica grave o gestión institucional deficiente, cuando se produzca la muerte de personas como resultado de omisiones técnicas, regulatorias o administrativas en edificaciones destinadas al uso público. Esta figura debe diferenciarse del homicidio culposo común, agravándose en los casos donde haya concurrencia de responsabilidad profesional o institucional.
Asimismo, debe crearse el tipo penal autónomo de gestión pública deficiente con resultado de muerte o lesión, que penalice severamente a los titulares de órganos reguladores, inspectores, supervisores técnicos o autoridades civiles que, por acción u omisión, omitan su deber de control y protección frente a riesgos previsibles, especialmente en espacios de alta concurrencia.
El nuevo marco legal debe incluir sanciones privativas de libertad no inferiores a diez años, inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas o profesionales relacionadas, así como la obligación de reparar económicamente a las víctimas o sus familiares. En los casos de dolo eventual, complicidad o encubrimiento, se deberán aplicar las penas correspondientes al homicidio agravado.
Finalmente, esta reforma debe contemplar mecanismos eficaces de denuncia ciudadana, auditorías independientes y responsabilidad solidaria para propietarios, proyectistas, supervisores e instituciones que hayan autorizado la reapertura de edificaciones sin cumplir con los requisitos estructurales, eléctricos y de evacuación estipulados en los reglamentos técnicos. Solo así se restaurará la confianza en el Estado como garante de la vida y la seguridad colectiva.
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