Amnistía Internacional (AI) es una organización que actúa en más de 150 países, con supuestos criterios independientes de gobiernos, partidos políticos, religiones y “se financia con las donaciones de sus miembros”.
Esta tiene como finalidad, «investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, la comisión de crímenes; además, trabaja en temas relacionados con la libertad de expresión, torturas, pena de muerte, la discriminación racial, la defensa de las víctimas de los conflictos armados; a presionar y a denunciar a los gobiernos e instituciones para que cumplan con sus obligaciones».
En los últimos días dicha organización la emprendió contra la República Dominicana, por el solo hecho, justo, de aplicar la Constitución de la República y la Ley General de Migración No. 285-04, con el objetivo de defender nuestra soberanía y los derechos humanos de las parturientas dominicanas, pues estas están siendo desplazadas de nuestras maternidades y hospitales en todo el país por las inmigrantes indocumentadas haitianas, que en su mayoría, vienen a través de mafias y de tratas de personas, a parir sin costo alguno.
Lo mismo sucede con nuestras escuelas públicas, cuyas aulas están siendo ocupadas por los hijos de inmigrantes indocumentados haitianos, quienes consumen gran parte del presupuesto de la República.
Para AI estas no son violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niños de un país, que ha sido de los pocos, por no decir el único, que le ha extendido la mano amiga a esa pobre nación, que se ha convertido en su paño de lágrimas desde hace muchos años, aún con todos sus problemas y limitaciones, pues siempre es el primero que acude en su auxilio cuando es afectada por una desgracia, siniestro o un fenómeno natural.
Ni hablar del aporte y las valiosas contribuciones que hicimos durante el terremoto del año 2010, que mientras la mayoría de los países desarrollados guardaron silencio y no acudieron en su ayuda, esta institución nunca críticó ni exigió responsabilidades a los que han sido los verdaderos culpables de la crisis económica, política, social e institucional que hoy vive la misma.
En estos precisos momentos, en que ese vecino país se desangra por una ola de violencia, hambruna, violaciones a los derechos humanos, crímenes, secuestros,
de niños, mujeres y ancianos, esta institución no se pronuncia ni condena dichos crímenes de lesa patria.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), es un organismo creado en 1945, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que tiene dentro de sus tantas atribuciones, mantener la paz y la seguridad internacional; proteger los derechos humanos, procurar la seguridad alimentaria; distribuir ayudas humanitarias, apoyar el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional de los países miembros, a través de los distintos organismos que lo conforman.
Esta semana, este organismo internacional, también la emprendió contra nuestro país, condenando las medidas anunciadas por el Presidente de la República, Luis Abinader Corona, de exigir una serie de controles a las parturientas indocumentadas haitianas, las cuales han abarrotado nuestras maternidades y hospitales.
A las mismas se les exigirá el cobro por las atenciones médicas prestadas, los documentos de identificación, lugar de trabajo, así como su domicilio. En caso de que no cumplan con estos requerimientos, las mismas serán repatriadas como manda la Ley General de Migración.
El secretario general de la ONU, señor Antonio Guterres, es el más llamado para que a través del organismo internacional que dirige, busque una salida satisfactoria a las crisis que afectan a Haití, en vez de criticar y condenar las medidas anunciadas, y no pretender como siempre lo ha hecho, buscarle una solución salomónica a las mismas, en la República Dominicana.
Desgraciadamente este organismo ni su secretario general han sido capaces de que esa vecina nación logre la paz, porque solo se han dedicado a criticar a nuestro país, en vez de aportar soluciones.
Dicho organismo sólo sabe presionar y amenazar a los países pobres, miembros de ese alto organismo, como lo es la República Dominicana, para que cumplan sus aberrantes decisiones, las cuales siempre responden a los grandes intereses de los países poderosos que conforman la denominada «Comunidad Internacional».
Este está obligado a buscar una solución inmediata a dicha crisis, antes de que en ese territorio ocurra un genocidio y una explosión social que repercuta negativamente en nuestro país. ¿O será eso lo que se persigue?
Por tales razones, tanto la ONU como la IA están descalificadas para criticar a la República Dominicana, por aplicar la política exterior establecida con respecto a Haití, un derecho que le asiste a todos los países, pues han fracasado y están dejando mucho que desear, pues cada día se hunden más en el desprestigio, la desconfianza y en el descrédito; no tienen calidad moral para atacar a la República Dominicana, acusándola de violar los derechos humanos y discriminar a los inmigrantes indocumentados haitianos.
El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales
Ex diputado al Congreso Nacional y
Miembro de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016
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