En la actualidad, hablar de ética y responsabilidad social en la gestión universitaria es más que una aspiración moral: es una exigencia del entorno social, económico y político en el que operan las instituciones de educación superior. El crecimiento acelerado del conocimiento, los avances tecnológicos y los desafíos globales –como el cambio climático, la desigualdad y la crisis de valores– colocan a las universidades en el centro de las transformaciones necesarias para un desarrollo humano sostenible.
Partimos de una comprensión práctica: la ética, como disciplina, analiza y orienta los actos humanos en función de su bondad o justicia; mientras que la responsabilidad social universitaria implica el compromiso institucional de actuar con transparencia, equidad y sostenibilidad, teniendo en cuenta los intereses de todos los grupos que se relacionan con la universidad, tanto interna como externamente.
Estos dos conceptos no son ajenos a la gestión, sino que la atraviesan. Dirigir una universidad no se limita a la administración de recursos o al cumplimiento de indicadores académicos; es también una tarea profundamente ética, donde se deben equilibrar intereses diversos y decisiones complejas, bajo los principios de equidad, justicia y bien común.
Las universidades, en tanto instituciones formadoras de ciudadanos y profesionales, deben responder a un doble compromiso: el legal, establecido por las normativas nacionales e internacionales; y el moral, vinculado con su papel transformador en la sociedad. La ley dominicana, por ejemplo, establece que las universidades están llamadas a formar personas críticas, éticas, solidarias e innovadoras, capaces de promover el respeto al ambiente, los derechos humanos y la democracia. Pero más allá de la letra, está el espíritu de esa misión.
En el corazón de esa gestión universitaria están los grupos de interés, todos aquellos que directa o indirectamente son impactados por las acciones de la institución. En el ámbito interno, están los estudiantes, profesores, servidores administrativos y las autoridades. En el externo, los egresados, empleadores, proveedores, comunidades y la sociedad en general. Cada uno de estos grupos tiene derechos legítimos que deben ser respetados. Los estudiantes, por ejemplo, tienen derecho a una formación pertinente, actualizada y de calidad; a planes de estudios vinculados con la realidad económica y social; a una participación activa en las decisiones que les afectan; y a un trato digno y justo. El título universitario debe ser un verdadero reflejo de competencia profesional y formación integral.
El cuerpo docente, por su parte, debe recibir condiciones laborales adecuadas: remuneraciones justas, equilibrio entre docencia, investigación y extensión, acceso a recursos tecnológicos y bibliográficos, y políticas de bienestar integral. Lo mismo aplica para el personal administrativo y de apoyo, cuyo rol es clave para el funcionamiento institucional, por lo que merecen seguridad laboral, capacitación continua y reconocimiento.
En el plano externo, los desafíos son igual de complejos. Muchos jóvenes no logran ingresar o mantenerse en la universidad por barreras económicas, aunque formalmente la educación sea gratuita. El costo real incluye transporte, alimentación, materiales, vivienda y conectividad. Sin políticas efectivas de becas o financiamiento, se reproduce la exclusión.
Las universidades también deben relacionarse responsablemente con las empresas, los gremios profesionales, los proveedores y otros actores sociales. Las decisiones sobre los perfiles de egreso, los programas académicos y las investigaciones deben estar alineadas con las necesidades sociales y económicas del país, pero sin ceder ante intereses particulares. Del mismo modo, la contratación de bienes y servicios debe guiarse por principios de transparencia, eficiencia y equidad, evitando favoritismos o irregularidades.
«En un contexto de polarización política, las universidades deben sostener una posición institucional neutral, pluralista y respetuosa. No deben ser instrumentos de ninguna ideología o religión, sino espacios para el pensamiento libre, la diversidad y la convivencia». Aquino (2011).
La sociedad, como principal financiadora directa e indirecta de las universidades, tiene el derecho a exigir rendición de cuentas. Esto no solo incluye informes financieros y académicos accesibles, sino también una actitud activa de compromiso con los problemas nacionales. Las universidades deben contribuir al debate público desde el conocimiento, aportando análisis rigurosos, basados en evidencias, sin caer en dogmas ni intereses ocultos.
Este compromiso ético implica un actuar coherente con los valores que sustentan la educación superior: el respeto a la dignidad humana, la libertad de pensamiento, la justicia social, la inclusión, la integridad académica, el pensamiento crítico, la innovación, la solidaridad, la rendición de cuentas y la apertura al cambio. Son estos principios los que deben orientar las decisiones cotidianas de la gestión universitaria. Torres y Trápaga (2010).
Finalmente, no basta con respetar los derechos de los distintos grupos de interés. La responsabilidad social universitaria también conlleva promover el cumplimiento de sus deberes: los estudiantes deben comprometerse con su formación, los docentes con su vocación académica, y todos con una cultura de responsabilidad compartida.
La universidad no puede conformarse con reproducir estructuras o contentarse con logros internos. Está llamada a ser una institución ética y transformadora, comprometida con el desarrollo justo y sostenible de su país. Y eso comienza por una gestión universitaria que entienda la ética no como una carga, sino como su razón de ser.
La autora es doctora en educación y aspirante a la Dirección General del Recinto UASD, San Francisco para el 2026.
Referencias
- Torres, Mariela y Trapaga, Miriam. Responsabilidad Social de la Universidad. Retos y desafíos. 2010
Aquino, Mateo. Reflexiones Académicas. 20211 - La Cruz-Arango, Oscar David; Zelada-Flórez, Edwin Andersson; Aguirre-Landa, John Peter; Garro-Aburto, Luzmila Lourdes. Responsabilidad social universitaria y posicionamiento de universidades en Lima-Perú 2022
- García Rangel, F., Vega Cano, R., y Vallaeys, F. Ética, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social desde la docencia en instituciones de educación superior latinoamericanas. (2022).
Discussion about this post